Un nuevo informe periodístico reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adjudicó millonarios contratos a organizaciones indígenas del Cauca, lo que ha generado cuestionamientos por la modalidad de contratación y el momento en que se realizaron los acuerdos.
Según la investigación, el principal beneficiario fue el Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizaciones indígenas más influyentes del país. Esta entidad recibió varios contratos firmados de manera directa, sin proceso de licitación pública, en fechas cercanas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal en periodos preelectorales.
De acuerdo con la información conocida, el 30 de enero de 2026 se firmaron al menos tres contratos por un valor cercano a los 3.929 millones de pesos. Ese mismo día, el Departamento Nacional de Planeación suscribió otro contrato adicional con el CRIC por aproximadamente 1.220 millones de pesos.
La cercanía de estas adjudicaciones con la fecha límite impuesta por la Ley de Garantías ha despertado críticas desde distintos sectores, que cuestionan la rapidez en la asignación de recursos públicos y la ausencia de competencia entre oferentes. El mecanismo utilizado, conocido como contratación directa, es legal en ciertos casos, pero suele generar debate cuando involucra montos significativos.
El reporte también menciona que, en conjunto, los contratos otorgados a esta organización indígena podrían alcanzar cifras mucho mayores si se suman otros convenios suscritos durante el actual Gobierno, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la relación entre el Ejecutivo y algunos sectores sociales organizados.
El Consejo Regional Indígena del Cauca ha tenido un papel activo en movilizaciones sociales y procesos políticos recientes, lo que ha llevado a analistas a pedir mayor transparencia en la asignación de recursos y claridad sobre los objetivos de los contratos.
Este caso se suma a otras controversias relacionadas con la contratación pública en Colombia, en un contexto donde la transparencia y el control del gasto estatal siguen siendo temas centrales del debate político nacional.
