El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó nuevas críticas contra la Fiscalía General de la Nación al señalar lo que calificó como un “silencio proverbial” frente a la supuesta existencia de una “junta del narcotráfico”, una estructura que, según su versión, operaría en altos niveles del poder.
Las declaraciones del mandatario fueron publicadas en su cuenta oficial en la red social X, en medio de la controversia generada por la captura de un ciudadano colombiano en Dubái, presuntamente vinculado a redes de narcotráfico. En ese contexto, Petro cuestionó la falta de pronunciamientos por parte del ente acusador y de los organismos de investigación.
En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que dicho silencio institucional no es nuevo y sugirió la existencia de vínculos entre actores judiciales, políticos y mediáticos con estructuras criminales. Además, mencionó antecedentes internacionales relacionados con redes del narcotráfico, lo que intensificó el debate público sobre la veracidad de sus afirmaciones.
La polémica se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y la Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo. Días antes de estas declaraciones, la funcionaria había reiterado que no existe evidencia que respalde la existencia de una “junta directiva del narcotráfico” en el país, pese a los esfuerzos investigativos realizados por la institución.
Según la Fiscalía, las investigaciones adelantadas no han permitido establecer una estructura jerárquica unificada que opere como una dirección central del narcotráfico, lo que contrasta con la tesis planteada por el presidente.
El debate sobre esta presunta organización criminal ha sido recurrente durante el actual gobierno. Petro ha sostenido en varias ocasiones que existe una red articulada que coordina actividades ilícitas a gran escala, incluyendo envíos internacionales de droga y acciones violentas. Sin embargo, expertos y autoridades han señalado que el narcotráfico en Colombia opera más como una red fragmentada de alianzas que como una estructura centralizada.
Las nuevas declaraciones del mandatario reavivan las tensiones institucionales y abren un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de las investigaciones judiciales en torno al crimen organizado. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de profundizar las indagaciones, la Fiscalía mantiene su postura basada en la ausencia de pruebas concluyentes.
Este cruce de versiones ocurre en un momento clave para el país, en el que las políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico continúan siendo uno de los principales focos del debate público y político en Colombia.
