El jefe de las disidencias de las antiguas FARC‑EP, conocido como Iván Mordisco (alias de Néstor Gregorio Vera Fernández), reapareció en un video divulgado esta semana en el que denunció los recientes bombardeos ordenados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en contra de sus estructuras en territorios selváticos de Colombia.
Según informes oficiales, la ofensiva militar contra el grupo armado bajo el mando de Mordisco, identificado como Estado Mayor Central (EMC), ejecutada en departamentos como Guaviare, Arauca y Caquetá, dejó al menos 12 menores de edad muertos en bombardeos.
En su intervención audiovisual, Mordisco calificó la acción del Gobierno como una “declaración de guerra” y cuestionó que las operaciones obedecieran a intereses externos, al tiempo que denunció que el Ejecutivo ha adoptado un doble discurso: “Con la izquierda convence al electorado, y con la derecha gobierna”, señaló.
El presidente Petro, por su parte, confirmó públicamente la muerte de los menores y aseguró que su administración denunciará a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación del Estatuto de Roma, principalmente por el reclutamiento forzado de menores.
Las operaciones militares, según el Gobierno, fueron ordenadas directamente por Petro como parte de una estrategia para desmantelar las redes de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y reclutamiento que se le atribuyen al EMC. En una de las primeras acciones, la fuerza pública llevó a cabo bombardeos contra campamentos de Mordisco desde la madrugada del lunes en Guaviare.
Expertos y organismos de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de la fuerza en zonas donde operan menores reclutados y por la muerte de adolescentes, lo que ha reavivado el debate sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el contexto colombiano.
Aunque la estrategia gubernamental incluye ofrecer recompensas —en el caso de Iván Mordisco se habla de hasta 5.000 millones de pesos— por su captura y la de sus hombres, el frente liderado por el disidente continúa operando en zonas selváticas dispersas, lo que dificulta su neutralización plena.
El conflicto plantea además un dilema para el gobierno de Petro, que hace del diálogo y la negociación un eje de su política de “paz total”, pero se encuentra ante una disidencia que rechaza la rendición, mantiene capacidad ofensiva y está dispuesta al enfrentamiento.
La reapertura del enfrentamiento entre el Estado y las disidencias de las FARC con Iván Mordisco al frente no solo reactiva la violencia en regiones como Guaviare, sino que también pone sobre la mesa la dificultad para combinar acción militar, protección de menores y negociación política, al tiempo que el Gobierno colombiano debe rendir cuentas ante la comunidad internacional por el cumplimiento de estándares humanitarios.
