Estados Unidos cuestionó de manera directa al presidente Gustavo Petro durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de este viernes, al acusarlo de usar una “retórica incendiaria” y poner en duda la continuidad de su apoyo al mandato de la Misión de Verificación en Colombia.
Mike Waltz, representante estadounidense ante Naciones Unidas, aseguró que las políticas del Gobierno colombiano están “socavando el progreso hacia una paz duradera” y calificó de “irresponsable” la forma en que se han conducido algunos aspectos de la implementación del Acuerdo Final. Agregó que Washington revisa “con detenimiento” si continuará respaldando la ampliación del mandato de la misión, que se someterá a votación a final de mes.
La Misión de Verificación de la ONU fue creada inicialmente para supervisar la desmovilización de las FARC, pero su mandato se ha ampliado con el tiempo a otros temas, como la justicia transicional, la reincorporación de excombatientes, la reforma rural y los derechos de las minorías. Estos aspectos fueron cuestionados por Estados Unidos, que los calificó como “prioridades políticas excesivas”.
Las declaraciones ocurren en un contexto de tensión entre Bogotá y Washington, marcado por la reciente descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y los roces diplomáticos tras la visita del presidente Petro a Nueva York, donde en medio de una manifestación propalestina pidió a soldados norteamericanos “desobedecer las órdenes de Trump”. Este episodio derivó en la suspensión de visas a varios funcionarios colombianos.
En respuesta, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, defendió la gestión del Gobierno y resaltó que la Misión de Verificación “es un pilar para la consolidación de la paz” en las zonas más afectadas por el conflicto. Subrayó, además, que el Ejecutivo mantiene un compromiso firme con la implementación del Acuerdo y con las víctimas.
Por su parte, Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación, presentó su informe trimestral e instó a garantizar unas elecciones pacíficas ante la creciente polarización política y los recientes hechos de violencia en varias regiones. También destacó las primeras sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a exintegrantes de las FARC y militares involucrados en falsos positivos, calificándolas como un avance histórico en justicia transicional.
