El exalcalde de Apartadó (Antioquia), Héctor Rangel Palacios, fue capturado este viernes 19 de septiembre de 2025 en vía pública, en una operación judicial ordenada desde Bogotá y ejecutada con apoyo de la Policía Nacional en Urabá.
Según denuncias realizadas por la administración municipal liderada por Adolfo David Romero Benítez, se han identificado alrededor de 49 transferencias bancarias por más de $3.500 millones de pesos que habrían sido giradas desde cuentas oficiales del municipio hacia terceros, sin contar con soportes contractuales, actos administrativos, registros contables ni comprobantes de egreso válidos.
El ente de control que certificó estas irregularidades es la Contraloría General de Antioquia, la cual en un informe fechado en junio de 2025 concluyó que existieron falencias graves en el control interno tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Tesorería de la Alcaldía de Apartadó.
Las irregularidades señaladas, según la Alcaldía, habrían ocurrido durante varios periodos administrativos: bajo el gobierno de Héctor Rangel Palacios, y también en las administraciones encargadas de Amaury Quejada Buenaño y Sara Moreno, mientras Rangel estaba inhabilitado.
El exalcalde fue destituido en enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo la causal de doble militancia política. Posteriormente, en elecciones atípicas de abril de 2025, Rangel resultó ganador en votos, pero su elección fue anulada por el Consejo Nacional Electoral debido a la inhabilidad que pesaba sobre su candidatura. Adolfo David Romero Benítez fue declarado alcalde electo.
A la fecha de su captura, Rangel ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes, y se espera que durante la audiencia de legalización de captura se definan los cargos precisos que se le imputarán. Entre los delitos que se mencionan en la denuncia figuran peculado por apropiación y concierto para delinquir.
La administración municipal también ha señalado que el desfalco ocasiona un detrimento patrimonial significativo y genera presión financiera en el municipio, que asumió el nuevo gobierno con deudas, déficit y compromisos pendientes.
El caso continúa en desarrollo. Las autoridades judiciales deberán identificar los beneficiarios exactos de los recursos, determinar las responsabilidades penales y fiscales, recuperar los fondos públicos y fortalecer los mecanismos de control para evitar hechos similares en el futuro.
