El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sugirió este martes 3 de marzo de 2026 que se invite a la comunidad internacional a respaldar la seguridad de figuras políticas colombianas tras las recientes denuncias de amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La propuesta surge en medio de polémica por un posible plan de ataque que ambos líderes denunciaron previó a una visita a la hidroeléctrica de Hidroituango.
Uribe, líder del partido Centro Democrático, hizo el llamado tras considerar que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha restado importancia a la supuesta amenaza, que según los equipos de seguridad de los mandatarios locales habría sido comunicada por miembros del Ejército Nacional. “Este atentado … nos pone a pensar en la necesidad de pedir ayuda a la comunidad internacional”, afirmó Uribe en redes sociales, subrayando que salvaguardar la seguridad ciudadana es “la mayor expresión de soberanía”.
El gobernador Rendón respondió con fuertes críticas al presidente Petro, señalando que la violencia política se agrava mientras, a su juicio, el gobierno “contemporiza con criminales”. Rendón y Gutiérrez suspendieron su participación en un evento programado en Hidroituango, alegando que una alerta de inteligencia de riesgo justificaba la cancelación de la visita. Los mandatarios han mantenido que no se trata de rumores, sino de advertencias que deben ser tomadas en serio por el Ejecutivo nacional.
La Casa de Nariño ha señalado que no existe evidencia oficial que confirme una alerta de atentado específica contra los políticos, aunque reconoció la presencia de grupos armados ilegales con la capacidad de realizar acciones violentas en algunas regiones. El Ejército Nacional también negó haber emitido una advertencia concreta, aunque confirmó que monitorea movimientos de grupos ilegales.
El debate sobre la seguridad en el contexto político colombiano se intensifica a pocos días de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026, en las que competirán candidatos a Congreso y se definirán candidaturas presidenciales. En ese ambiente, el llamado de Uribe busca posicionar la protección internacional de líderes como una medida para garantizar la integridad de actores políticos en un proceso electoral de alta tensión.
La situación ha generado reacciones cruzadas entre diferentes sectores políticos, con llamados a garantizar la seguridad de todos los candidatos y participantes en los comicios, así como cuestionamientos sobre la gestión de riesgos por parte del gobierno nacional.
