UNGRD: Olmedo López y Sneyder Pinilla enfrentarán juicio por corrupción

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El escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa dejando huella en Colombia. Este jueves 6 de febrero, la Fiscalía General presentará el escrito de acusación contra los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes se encuentran en el ojo del huracán por el millonario desfalco que afectó a la entidad.

Ambos exfuncionarios, privados de su libertad desde agosto pasado, firmaron un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconocieron su responsabilidad en las irregularidades, aceptaron colaborar como testigos en otros procesos y se comprometieron a devolver los recursos apropiados. Como parte del acuerdo, enfrentarán una condena de seis años y medio de prisión, además de ofrecer disculpas públicas por los daños causados.

El caso UNGRD no solo destapó un esquema de corrupción relacionado con millonarios sobrecostos en contratos, sino que también dejó en evidencia la fragilidad del discurso anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro. El desvío de fondos, que ascendió a más de 16 mil millones de pesos, tuvo un impacto devastador en comunidades vulnerables, especialmente en La Guajira, donde nunca llegaron los carrotanques prometidos para abastecimiento de agua potable tras la ola invernal.

En diciembre pasado, la Procuraduría General inhabilitó por 18 años a López y Pinilla para ejercer cargos públicos, señalándolos de avalar contratos con un sobrecosto del 54 %. Según el fallo, ambos actuaron con conocimiento pleno de las irregularidades, incurriendo en una falta gravísima a título de dolo.

El monto de la condena pactada ha generado malestar entre las víctimas, incluyendo a la UNGRD, la Contraloría General y comunidades indígenas de La Guajira. Estas entidades han expresado su descontento con los términos del preacuerdo, argumentando que la sanción es insuficiente frente a la magnitud del daño causado.

Por su parte, el empresario Luis Eduardo López Rosero, contratista que presentó la oferta de los carrotanques y se benefició de las irregularidades, también será condenado por su participación en el esquema de corrupción.

El desfalco no solo afectó las finanzas de la Nación, sino que también dejó a las comunidades de La Guajira sin una solución efectiva a la crisis de agua potable. Los carrotanques, por los que se pagaron más de 412 millones de pesos cada uno, nunca cumplieron con los requisitos técnicos para operar.

El proceso judicial que se avecina será clave para determinar si se hará justicia frente a uno de los mayores casos de corrupción en los últimos años. La audiencia del jueves podría marcar un punto de inflexión en el combate a la corrupción y la reparación de los daños causados a las comunidades más afectadas.

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