Un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves la prisión preventiva de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, como medida de aseguramiento en el marco del escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). González enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, ante la evidencia de que habría liderado desde la Casa de Nariño un esquema para inflar contratos de carrotanques destinados a La Guajira y desviar fondos a congresistas para garantizar respaldo político a las reformas del gobierno.
El magistrado Leonel Rogeles Moreno argumentó que la complejidad del caso y la posible influencia de González en la estructura criminal representaban un riesgo para la sociedad, por lo que impuso prisión preventiva. Además, el exfuncionario permanece fuera del país, presuntamente en Nicaragua, lo que fortalece la probabilidad de fuga y motiva el inicio de una orden de captura nacional, además de abrir la posibilidad de solicitar una circular roja de Interpol si las autoridades proceden.
Este caso se inserta en un entramado más amplio que ha implicado a seis personas capturadas, entre ellas los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, así como a exministros y exconsejeras presidenciales. Testimonios de colaboradores como Olmedo López y Sneyder Pinilla revelan pagos en efectivo por valor de 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones a Calle, financiados con los sobrecostos de los contratos de la UNGRD. La Fiscalía, encabezada por la fiscal María Cristina Patiño, solicitó el aseguramiento al resaltar que González habría ordenado el esquema y coordinado el envío de fondos públicos a actores políticos clave.
Aunque González no ha aceptado los cargos y su defensa ha anunciado apelación, su paradero fuera del país y la gravedad de las imputaciones representan un reto para el aparato judicial. La Fiscalía ha manifestado que mantiene abierta la opción de que Interpol emita una circular roja en caso de que no se presente voluntariamente. Este proceder marca el primer caso penal contra un alto exfuncionario del gobierno Petro, profundizando la crisis política que sacude al oficialismo y al Partido Verde.
El desenlace del caso, que sigue a la implicación de otros exfuncionarios como Sandra Ortiz y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, será decisivo para determinar la capacidad del Estado para sancionar la corrupción en altos niveles. El curso de la investigación y la respuesta internacional ante la orden de captura definirán si el exfuncionario será detenido y procesado en Colombia o si la disputa se extenderá a instancias internacionales.
