El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi, despidió sorpresivamente a Maurene Comey, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, sin ofrecer explicación alguna. Comey, hija del exdirector del FBI James Comey, se encontraba al frente de casos de alto perfil, entre ellos la condena de Ghislaine Maxwell por su vínculo en la red de Jeffrey Epstein y el juicio al rapero Sean «Diddy» Combs.
Según fuentes de CBS News y Reuters, su destitución se fundamentó en el artículo II de la Constitución, que otorga al presidente amplias facultades para despedir a funcionarios federales ejecutivos. No obstante, la abrupta salida y la ausencia de justificación generaron alarma dentro del Departamento de Justicia, reavivando acusaciones de intervención política en procesos judiciales sensibles.
La decisión ocurre en un contexto tenso: la administración Trump ha sido criticada por retractarse de la prometida entrega de documentos relacionados con Epstein y por la purga de fiscales vinculados a investigaciones consideradas incómodas para el presidente, incluida la pesquisa del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de documentos clasificados del exmandatario.
Comey, por su parte, emitió un comunicado interno advirtiendo que las destituciones sin razón erosionan la moral de los fiscales y utilizan el miedo como herramienta autoritaria. Abogó por mantener la integridad judicial, instando a no dejarse intimidar por represalias.
La salida de Maurene Comey también encendió el debate sobre un posible sesgo familiar, pues su padre fue removido por Trump en 2017, y persiste la sospecha de que su filiación influyó en la decisión. Observadores legales calificaron el hecho como “inusual y sin precedentes”, y advierten peligros para la independencia del sistema de justicia.
La destitución de Comey marca un nuevo capítulo en el debate por la politización del Departamento de Justicia. Con investigaciones en curso sobre el caso Epstein y posibles represalias por precedentes legales, queda por ver si el Congreso o tribunales intervendrán para frenar los despidos discrecionales en casos sensibles.
