El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026 del Ministerio de Salud, una norma que buscaba reorganizar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y trasladar a millones de afiliados dentro del sistema de Salud Colombiano. La decisión judicial se adoptó tras admitir una acción popular que alertaba sobre los posibles riesgos que la aplicación inmediata de la medida podría generar en la continuidad del servicio de salud para millones de usuarios.
La medida cautelar frena temporalmente el proceso que contemplaba el traslado masivo de afiliados entre EPS en diferentes regiones del país. Según el tribunal, el decreto podía provocar movimientos de gran escala en el aseguramiento en salud, alterando el equilibrio operativo del sistema y generando presiones sobre las entidades receptoras, lo que podría afectar la atención médica y la oportunidad de los servicios para los pacientes.
Uno de los aspectos que más preocupó a los magistrados fue el eventual traslado obligatorio de cerca de seis millones de usuarios a otras EPS, en particular a la Nueva EPS, entidad que según la demanda ciudadana no tendría garantizada la capacidad operativa y financiera para asumir una carga adicional de afiliados en múltiples regiones del país.
De acuerdo con el análisis judicial, la implementación del decreto también podría provocar una concentración de afiliados en un número reducido de aseguradoras en ciertos territorios. En algunos municipios, la reorganización del sistema podría dejar a una sola EPS operando, lo que limitaría la libre elección de los usuarios y generaría riesgos para la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.
La decisión se tomó dentro de una acción popular interpuesta por un ciudadano que argumentó que la aplicación inmediata del decreto representaba una amenaza para los derechos colectivos relacionados con el acceso a la salud y la continuidad del servicio. Mientras se analiza el fondo de la demanda, el tribunal consideró que detener provisionalmente la norma es una medida preventiva para evitar posibles afectaciones al sistema sanitario.
Con la suspensión temporal del decreto, los traslados automáticos de afiliados entre EPS quedan detenidos hasta que la justicia administrativa tome una decisión definitiva sobre la legalidad y el impacto de la norma. Por ahora, millones de usuarios continuarán afiliados a las mismas entidades de salud mientras avanza el proceso judicial que definirá el futuro de la reorganización del aseguramiento en Colombia.
