La renuncia de Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre, a la Mesa de Diálogo Sociojurídico para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá ha generado un fuerte impacto político y dudas sobre la viabilidad del proceso impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El jefe delincuencial presentó su decisión en una carta con fecha del 31 de enero de 2026, dirigida al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que argumentó “falta de garantías”, improvisación institucional y ausencia de claridad en las negociaciones.
En la misiva, Pesebre —quien actuó como vocero principal de las bandas criminales dentro del diálogo durante casi tres años— reconoció avances en la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá y oportunidades brindadas a las comunidades locales. Sin embargo, aseguró que el proceso se encontraba en un “punto muerto” y carecía de seguridad jurídica y física para participantes y sus familias, lo que motivó su decisión de retirarse completamente del espacio de negociación.
Su salida se conoce en medio de la polémica y cuestionamientos al actual modelo de negociación, un elemento central de la estrategia de “paz total” promovida por el Ejecutivo para contextos urbanos afectados por violencia estructural y actividades delictivas. El episodio pone en entredicho tanto la fortaleza como la credibilidad del proceso que ha sido uno de los más visibles en el panorama nacional.
La reacción de la delegación gubernamental, liderada por la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de diálogos, fue informar que el proceso no se detiene pese a la salida de uno de sus interlocutores más prominentes. Autoridades y representantes de las estructuras criminales anunciaron la firma de un acuerdo condicionado de Paz Urbana, que esperan sea suscrito por el presidente Petro antes de terminar su mandato y que permita avanzar hacia compromisos de desescalamiento de violencia y transformación social en los territorios.
Este acuerdo, denominado “condicionado” porque algunos de sus componentes dependen de decisiones del Congreso de la República, busca estructurar un documento integral orientado al tránsito hacia el Estado Social de Derecho en las zonas urbanas, con ejes en la reducción sostenida de las violencias, la superación de economías ilícitas y la dignificación de las víctimas urbanas.
La renuncia de Carlos Pesebre se suma a una serie de eventos que han puesto bajo escrutinio la gestión del diálogo urbano, incluidos episodios polémicos en los que altos funcionarios compartieron escenarios públicos con jefes criminales, lo que ha alimentado debates sobre la legitimidad y los efectos de estas negociaciones en materia de seguridad y percepción ciudadana.
La continuidad del proceso plantea interrogantes sobre su capacidad de sostenerse más allá de la actual administración y sobre su impacto real en la convivencia y la seguridad en Medellín, donde la violencia y la influencia de bandas siguen siendo desafíos persistentes. Voceros del proceso señalaron que la mesa se mantendrá activa y que el acuerdo condicionado será una base para mantener el diálogo y avanzar en compromisos estructurales.
La respuesta política a la renuncia también ha resonado entre sectores del gobierno local y nacional, que han criticado o defendido la estrategia de diálogo según distintas perspectivas sobre el papel de la negociación con actores criminales y la necesidad de fortalecer la justicia y la fuerza pública en paralelo a cualquier iniciativa de paz negociada.
