La Procuraduría General de la Nación, representada por Bladimir Cuadro, solicitó este 27 de junio que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea declarado inocente en el juicio que enfrenta por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Según la intervención en la etapa de alegatos finales, el Ministerio Público consideró que el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, clave para la acusación, presenta “incertidumbres” significativas y no cumple con el estándar de prueba exigido para una condena, lo que genera una “imposibilidad de emitir sentencia condenatoria”.
Esta solicitud de absolución por parte de la Procuraduría contrasta con la posición de la Fiscalía, que semanas antes pidió la condena de Uribe, argumentando que éste habría “ideado, promovido y respaldado una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal” mediante terceros . Además, el vocero de las víctimas, Juan David León, y otros penalistas, insistieron en la culpabilidad del exmandatario, basándose en pruebas testimoniales y documentales reforzadas por interceptaciones telefónicas.
Bladimir Cuadro sostuvo que no se ha alcanzado el nivel de prueba que permita distinguir entre dolo eventual y directo, ni se ha demostrado de forma sólida la estructura típica de los presuntos delitos, lo que para la doctrina representa un nivel de certeza insuficiente. En este marco, la Procuraduría invocó el principio de presunción de inocencia y la necesidad de que la acusación supere la “probabilidad lógica prevaleciente”.
El contraste entre las posturas del Ministerio Público y la Fiscalía refleja la complejidad del proceso contra Uribe, un juicio de gran impacto político que desde febrero de 2018 ha generado amplitud de debate. Este caso, que lo enfrenta también a su exabogado Diego Cadena, implica revisar antiguos testimonios, interceptaciones y visitas a exparamilitares en cárceles.
En los próximos días, la juez Sandra Liliana Heredia valorará los alegatos de las partes y deberá decidir si falla una condena, emite una absolución o declara la nulidad del proceso. Independientemente de su decisión, la divergencia entre Fiscalía y Procuraduría pone de relieve la necesidad de un análisis riguroso de las pruebas y del respeto a las garantías procesales en un caso que marca un hito en la justicia colombiana.
