El presidente de la República, Gustavo Petro, formalizó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, a quien acusa de promover una estrategia concertada para desestabilizar su gobierno y propiciar su salida anticipada del cargo. La acción judicial fue radicada por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en representación del mandatario, y sustenta la posible comisión de delitos como conspiración para delinquir con fines de sedición, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria.
La denuncia detalla que los hechos investigados incluyen la publicación de cartas abiertas por parte de Leyva entre abril y mayo de 2025, en las que señala sin pruebas al presidente Petro de supuestas adicciones, incapacidad para gobernar y responsabilidad moral por actos de violencia política. A ello se suman audios filtrados en los que el exfuncionario, según el documento, plantea un plan para lograr la destitución de Petro mediante presión internacional, alianzas con actores armados y un denominado acuerdo nacional. La acusación enfatiza que estos actos no se limitan a la crítica legítima sino que, en su conjunto, podrían constituir una amenaza directa a la estabilidad democrática y la soberanía nacional.
El escrito entregado a la Fiscalía solicita la apertura de una investigación formal y la práctica de pruebas urgentes, como peritajes digitales sobre los audios, recolección de cartas y entrevistas, así como la verificación de posibles contactos del exministro con congresistas y figuras políticas extranjeras. También se denuncia la presunta participación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara en filtraciones indebidas de información sumarial, lo que, según el apoderado de Petro, habría contribuido a amplificar la crisis política. El caso ha generado una nueva controversia en el ya tenso ambiente político del país, mientras se espera la decisión del ente investigador frente a las solicitudes planteadas.
