En una controvertida decisión, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el despliegue masivo de fuerzas armadas, policías, milicias y civiles armados para garantizar “la estabilidad y la paz” de cara a su juramentación para un tercer mandato el próximo 10 de enero. Esta medida se produce en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición, que reclama la victoria del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios de julio pasado.
Maduro anunció la activación del Órgano de Defensa Integral (ODI), un organismo que incluye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, fuerzas policiales y civiles armados. Según el mandatario, este despliegue busca prevenir “conspiraciones” y garantizar la estabilidad en todos los niveles territoriales del país, desde comunidades hasta estados.
«Procedo constitucionalmente a activar por primera vez las ODI en defensa de la paz, la estabilidad y la familia venezolana”, declaró Maduro durante un acto frente al Palacio de Miraflores.
El despliegue, que inició el 8 de enero, se extenderá hasta el día 9, un día antes de la controvertida toma de posesión.
Como parte de esta estrategia, Maduro juramentó a “cuerpos combatientes” conformados por civiles armados, quienes serán piezas clave en las operaciones de seguridad. Antonio Díaz, teniente de la Milicia Nacional Bolivariana, reafirmó su lealtad al mandatario: “Defenderemos el mandato de Maduro incluso con nuestras vidas”, declaró mientras exhibía un fusil.
El gobierno informó sobre la reciente captura de siete presuntos “mercenarios” extranjeros, entre ellos dos estadounidenses, tres ucranianos y dos colombianos, acusados de planificar “acciones terroristas”. Estas detenciones se suman a las de 125 individuos de 25 nacionalidades registradas entre noviembre y diciembre.
Maduro señaló directamente a los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como responsables de fomentar intentos desestabilizadores, acusándolos de buscar deslegitimar su mandato.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por las irregularidades en las elecciones del 28 de julio y por la escalada represiva contra opositores. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la tensión aumenta con un panorama marcado por protestas, detenciones arbitrarias y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Con este despliegue militar y la activación de civiles armados, el gobierno de Maduro refuerza su narrativa de defensa ante supuestas amenazas externas e internas, mientras la oposición y gran parte de la comunidad internacional continúan rechazando la legitimidad de su mandato.
