La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó este lunes una grave denuncia contra el Gobierno Nacional, asegurando que la administración del presidente Gustavo Petro reactivó un acuerdo comercial perjudicial para el país con el único objetivo de garantizar la asistencia del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la pasada cumbre de la CELAC. Según la congresista, esta decisión diplomática se tomó en detrimento de la industria automotriz nacional, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
De acuerdo con la información revelada por Valencia, la controversia se centra en el Apéndice 5.1 del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-72), firmado en 2017, el cual permitía el intercambio de vehículos sin aranceles entre ambas naciones. La senadora explicó que el Gobierno Petro, a través del Ministerio de Comercio, había denunciado formalmente este tratado el 30 de septiembre de 2024 debido a la evidente asimetría comercial. Sin embargo, días antes de hacerse efectiva la terminación en septiembre de 2025, el Ejecutivo revirtió la decisión y suspendió la denuncia para asegurar una delegación de alto nivel en el evento diplomático realizado en Santa Marta en noviembre pasado.
Las cifras presentadas en la denuncia exponen un desbalance comercial crítico. Entre 2018 y 2025, las importaciones de vehículos desde Brasil superaron los 775 millones de dólares, mientras que las exportaciones colombianas hacia ese país apenas promediaron 1.5 millones de dólares. Valencia argumentó que, aunque el acuerdo planteaba reciprocidad, Brasil implementó barreras técnicas internas que impidieron el ingreso de los automotores colombianos, permitiendo al gigante sudamericano apoderarse del mercado nacional sin contraprestación efectiva.
El impacto de estas políticas comerciales se refleja en el desplome de la producción local. Según los datos citados por la campaña de Valencia, la fabricación de vehículos en Colombia cayó un 75%, pasando de 123.615 unidades en 2018 a tan solo 30.736 en 2024. Esta contracción del sector manufacturero, que incluyó el cierre de operaciones de la planta de GM Colmotores, redujo la participación del vehículo nacional en el mercado interno del 32% en 2014 a un escaso 8% en 2024.
La candidata presidencial calificó la maniobra como un «capricho de imagen» del presidente Petro, señalando que la reactivación del acuerdo permite a Brasil continuar ingresando hasta 50.000 vehículos anuales sin aranceles. Para la oposición, este hecho demuestra una inconsistencia en la política económica del gobierno, que pasó de reconocer el daño al sector automotor a perpetuar las condiciones de desventaja competitiva a cambio de un favor diplomático en una cumbre regional que carecía de confirmaciones de otros mandatarios de peso.
