La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia celebró este 5 de febrero de 2026 la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que dejó sin efectos una resolución expedida en 2025 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que le daba facultades especiales para remover administradores y representantes de gremios del sector agropecuario. El fallo fue valorado por Valencia como una victoria jurídica contra lo que calificó de “abuso” del Gobierno para intervenir en las organizaciones del campo.
Según el alto tribunal, la resolución en cuestión desconoció el derecho al debido proceso y excedió los límites de la facultad reglamentaria, al otorgar potestades que corresponden únicamente al Congreso de Colombia para establecer procedimientos sancionatorios a tenedores de tierras y representantes legales de entidades del sector. La sentencia reafirma la vigencia del procedimiento establecido en la Ley 2219 de 2022 para la imposición de sanciones, que exige normativas claras y respeto por garantías procesales.
Valencia había promovido una demanda contra la resolución de MinAgricultura, argumentando que las facultades dadas por el Gobierno vulneraban derechos fundamentales y generaban una amenaza a la independencia de los gremios rurales. En su pronunciamiento público, la senadora indicó que la decisión de la Corte representa “una victoria contra los abusos del Gobierno” y un respaldo al sector agropecuario frente a decisiones administrativas que, según ella, excedieron los límites constitucionales.
La resolución impugnada, expedida en 2025, facultaba al Ministerio de Agricultura para remover administradores, suspender personerías jurídicas, imponer multas diarias y exigir información financiera de gremios y propietarios de tierras, lo que generó preocupaciones sobre posibles afectaciones al derecho de asociación y al desarrollo de actividades productivas en el campo. La Corte concluyó que tales medidas no estaban debidamente respaldadas por la ley y que su aplicación violaba el debido proceso.
Con el fallo, los procedimientos sancionatorios y de vigilancia en materia agraria deberán ajustarse al marco jurídico vigente, en el que el Estado —a través del Ministerio y otras autoridades— debe respetar los límites de la regulación y asegurar que cualquier intervención tenga una base legal clara y procedimientos garantistas. La decisión se produce en medio de un debate político más amplio sobre la regulación de la tenencia de tierras y el papel del Estado en el sector rural colombiano.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2026, Valencia ha utilizado diferentes mecanismos jurídicos para confrontar decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que muchas exceden las facultades ejecutivas y afectan derechos de diversos sectores. La victoria en la Corte Constitucional se suma a anteriores fallos favorables a sus demandas y refuerza su discurso político y jurídico en la campaña presidencial.
