El Gobierno Nacional ha confirmado un incremento del 23% en el salario mínimo legal vigente para el año 2026, fijando la cifra base en $1.746.882. Este ajuste, sumado al nuevo auxilio de transporte de $253.118, eleva la remuneración total mensual de los trabajadores a $2.000.000. La medida, oficializada mediante decreto, activa de manera inmediata una reconfiguración en los montos máximos permitidos para la comercialización de la Vivienda de Interés Social (VIS) en todo el territorio nacional, impactando tanto a compradores como a constructores.
Como consecuencia directa de este aumento salarial, los topes de precios para las viviendas VIS se han ajustado automáticamente, dado que estos valores se calculan en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Según el análisis de expertos del sector y plataformas inmobiliarias, el incremento en el techo de precios puede alcanzar hasta los $49 millones de pesos en comparación con las tarifas manejadas anteriormente, dependiendo de la ubicación y las características del proyecto urbanístico.
Para la mayoría de los municipios del país, el tope general de la vivienda VIS se mantiene en 135 salarios mínimos. Con la nueva base salarial, el precio máximo de estas unidades habitacionales asciende a $235.829.070. Este valor aplica para las zonas que no forman parte de las grandes aglomeraciones urbanas, garantizando una estandarización del costo en regiones intermedias y pequeñas poblaciones, donde el desarrollo inmobiliario sigue regido por este multiplicador estándar.
En el caso de las principales ciudades y aglomeraciones urbanas con más de un millón de habitantes, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, el límite establecido es de 150 salarios mínimos. Bajo la nueva normativa salarial de 2026, el precio tope para adquirir una vivienda de interés social en estas capitales se ubica ahora en $262.032.300. Este ajuste busca responder a los mayores costos de suelo y construcción que históricamente se presentan en los núcleos urbanos de alta densidad.
Existe una categoría adicional para proyectos de renovación urbana en ciudades principales que cuenten con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado. En estos casos específicos, el tope permitido alcanza los 175 salarios mínimos. Al realizar la conversión con el salario decretado para 2026, el valor máximo de estas propiedades llega a los $305.704.350. Es en este segmento donde se refleja el mayor incremento nominal, marcando la diferencia de casi 50 millones de pesos frente a los vigencias previas al decreto.
El Ministerio de Hacienda ha emitido pronunciamientos instando a las constructoras a no aprovechar este ajuste para elevar desmedidamente los precios de venta final, advirtiendo sobre posibles desigualdades en el acceso a la vivienda. Por su parte, gremios como AmCham Colombia han manifestado inquietudes sobre la incertidumbre jurídica que un aumento de esta magnitud podría generar en el clima de inversión. Se recomienda a los potenciales compradores verificar las listas de precios actualizadas antes de firmar promesas de compraventa.
