La segunda propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado controversia debido a presuntas irregularidades en su radicación. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actuaba como ministro delegatario durante la ausencia del presidente, fue el encargado de presentar la iniciativa ante el Senado.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció penalmente al ministro Jaramillo por presunto abuso de función pública. Forero argumenta que los decretos 506 y 528 de 2025, que delegaban funciones presidenciales a Jaramillo, no incluían la facultad de convocar consultas populares, atribución exclusiva del presidente según el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia.
La nueva consulta popular incluye 16 preguntas relacionadas con reformas laborales y de salud. Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten que la inclusión de ciertos temas podría contravenir la Ley de Participación Democrática, que establece restricciones sobre los asuntos que pueden ser sometidos a consulta popular.
El Gobierno ha defendido la legalidad de la iniciativa, argumentando que responde a la necesidad de avanzar en reformas estructurales bloqueadas en el Congreso. No obstante, la controversia sobre la legitimidad del proceso podría afectar la viabilidad de la consulta y generar nuevos enfrentamientos políticos en el país.
La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar la denuncia presentada contra el ministro Jaramillo y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal. Mientras tanto, el futuro de la consulta popular permanece incierto, en medio de un clima político cada vez más polarizado.
