El Gobierno de Venezuela ha emitido una enérgica protesta diplomática calificando de «robo descarado» y «piratería internacional» la reciente incautación de un buque petrolero por parte de las autoridades de Estados Unidos en aguas del mar Caribe. La Cancillería venezolana rechazó la operación ejecutada por fuerzas federales estadounidenses, argumentando que esta acción constituye una violación directa a la soberanía nacional y al derecho marítimo internacional, además de atentar contra la estabilidad económica del país sudamericano.
Según la información confirmada por el Departamento de Justicia de EE. UU., la embarcación retenida es el tanquero «Skipper», el cual transportaba una carga estimada en más de un millón de barriles de crudo. Las autoridades norteamericanas justificaron el decomiso alegando que el navío formaba parte de una «flota fantasma» utilizada para evadir las sanciones económicas vigentes, vinculando sus operaciones con redes de transporte ilícito que conectarían a Venezuela con Irán. La operación contó con la participación de la Guardia Costera y agencias de seguridad nacional, quienes abordaron la nave bajo la premisa de confiscar activos relacionados con organizaciones sancionadas.
En respuesta, el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro difundió un comunicado oficial en el que desestima las acusaciones de contrabando y asegura que el verdadero propósito de la maniobra es la apropiación ilegal de los recursos energéticos venezolanos. El texto diplomático señala que este incidente desvela las «verdaderas intenciones» detrás del reciente despliegue militar estadounidense en la región, el cual, según Caracas, utiliza la lucha contra el narcotráfico como fachada para bloquear las exportaciones legítimas de hidrocarburos y asfixiar la economía local.
El incidente ha elevado la tensión geopolítica en el hemisferio. Mientras Washington sostiene que el buque operaba con bandera falsa y sistemas de rastreo manipulados para ocultar sus rutas, Venezuela insiste en que acudirá a instancias multilaterales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, para exigir la restitución del cargamento y la nave. Funcionarios venezolanos han alertado que este tipo de interdicciones marítimas sientan un precedente peligroso para el comercio libre en aguas internacionales.
Analistas del sector energético observan con preocupación el suceso, advirtiendo que la confiscación podría marcar el inicio de una fase más agresiva en la aplicación de sanciones, afectando la cadena de suministro global. Por su parte, el gobierno venezolano ha reiterado que defenderá sus activos estratégicos «con absoluta determinación», mientras la administración estadounidense mantiene bajo custodia la embarcación y su millonaria carga, a la espera de procedimientos judiciales federales.
