La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, junto con el senador conservador Germán Blanco, radicaron una ponencia para archivar el proyecto del Gobierno que busca mantener en funcionamiento el Ministerio de Igualdad. Ambos legisladores advierten que la entidad permite una estructura paralela de contratación que, según sus cálculos, podría manejar hasta $1,9 billones bajo derecho privado, sin licitación y sin los controles que establece la Ley 80.
Valencia afirmó que ya había logrado tumbar MinIgualdad ante la Corte Constitucional por falta de análisis de impacto fiscal y que el nuevo intento del Ejecutivo reproduce los mismos errores. Señaló que el Ministerio mantiene funciones duplicadas y que la existencia de un fondo fiduciario —creado en el Plan Nacional de Desarrollo— permite ejecutar la mayoría de recursos del sector sin trazabilidad pública.
Los congresistas sostienen que el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial funciona como un mecanismo que triangula recursos: Hacienda transfiere a MinIgualdad y este, a su vez, los envía al fondo administrado por un consorcio de fiducias contratado en diciembre de 2023. Según la documentación conocida, este fondo tiene autorización para contratar por derecho privado, lo que excluye procesos licitatorios y deja fuera del Secop información sobre precios, proveedores y objetos contractuales.
A corte de junio de 2025, el fondo tenía autorizados $1,9 billones, de los cuales se habían girado $221.581 millones. Además, mantiene una nómina paralela con 233 contratistas y 26 empleados, que se suma a los 541 funcionarios y 191 contratistas propios del Ministerio. Para Valencia y Blanco, esta estructura representa una duplicidad injustificada y genera costos adicionales como las comisiones mensuales a la fiducia, que ascendieron a $89 millones en 2024 y $98 millones en 2025.
Los informes publicados hasta ese corte muestran poca ejecución de proyectos de inversión y se concentran en contratación de personal, lo que los legisladores califican como evidencia de ineficiencia y opacidad. También destacan que, sin la obligación de reportar contratos en el Secop, no es posible conocer a quién se contrata, por qué montos ni bajo qué criterios.
Valencia advirtió que esta arquitectura financiera podría tener efectos directos en el escenario electoral de 2026. Sostiene que el fondo permite “contratar $1,9 billones sin control” justo en un periodo sin Ley de Garantías, lo que —según ella— puede derivar en un uso político de los recursos públicos. Blanco, por su parte, afirmó que la entidad “carece de ejecución real” y que su costo administrativo supera con creces los beneficios esperados.
Ambos senadores pidieron al Congreso archivar el proyecto y evitar que el Gobierno mantenga un ministerio que, a su juicio, no ejecuta directamente la inversión social, pero sí sostiene una estructura que concentra recursos en una fiducia operada bajo reglas privadas. El debate continuará en las comisiones primeras conjuntas, donde se definirá el futuro de MinIgualdad y del fondo que administra la mayoría de su presupuesto.
