El presidente de la República, Gustavo Petro, desató una fuerte controversia nacional tras asegurar, durante un discurso en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que el hurto de dispositivos móviles por parte de sectores juveniles no obedece a dinámicas de criminalidad organizada. Según el mandatario, estos actos delictivos están motivados por razones sentimentales, afirmando textualmente: «Son los mayores rateros de Colombia, no ese muchacho que se roba un celular; lo hace por la novia, siempre por amor… y se pueden tirar la vida».
Durante su intervención, el jefe de Estado insistió en que los jóvenes bogotanos no sustraen estos equipos con el fin de comercializarlos o financiar el consumo de sustancias psicoactivas. Petro sostuvo que «no se roban los celulares para venderlos o comprar drogas; los jóvenes bogotanos se roban los celulares en el centro para dárselos a las novias». Estas declaraciones, que incluyeron la observación «un hombre sin mujer se pierde», han sido interpretadas por diversos sectores de la opinión pública como una posible justificación romántica de un delito que afecta diariamente la seguridad ciudadana.
El mandatario contrastó estas conductas con lo que denomina «rateros de cuello blanco», señalando a las élites tradicionales como los verdaderos responsables de los grandes desfalcos al erario público en la historia de Colombia. Petro defendió su postura argumentando que la delincuencia juvenil es un síntoma de falta de oportunidades sociales, vinculando su discurso con la promoción del programa gubernamental «Jóvenes en Paz», el cual busca brindar transferencias económicas a personas en riesgo de criminalidad a cambio de estudio y trabajo comunitario.
Las reacciones de indignación no se hicieron esperar en redes sociales y sectores políticos, donde se cuestiona la desconexión entre la narrativa presidencial y la realidad de las bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de celulares. Analistas y ciudadanos señalan que atribuir el robo de tecnología a motivos afectivos envía un mensaje equivocado a la sociedad y minimiza el impacto del hurto a personas. El debate continúa mientras el Gobierno Nacional intenta posicionar su estrategia de seguridad humana frente a las crecientes críticas por su enfoque sobre la delincuencia común.
