Los registros de ingresos a la Casa de Nariño han generado nuevas controversias en el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que Jorge Ovalle, exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), admitiera haber autorizado dos visitas de César Augusto Valencia Mosquera, presunto emisario de alias «Papá Pitufo». No obstante, Ovalle negó conocer los antecedentes criminales de Valencia Mosquera, quien ha sido vinculado al llamado «zar del contrabando».
Según información revelada por El Tiempo, Ovalle explicó que conoció a Valencia Mosquera durante el Diálogo Vinculante del Valle del Cauca, donde este se presentó como funcionario de la Contraloría General con experiencia en derechos humanos y comedores comunitarios. «Nunca fui su amigo ni su asesor. Las visitas eran parte de los espacios de participación ciudadana que impulsaba el gobierno», afirmó Ovalle en su defensa.
Los registros indican que Valencia Mosquera ingresó al menos cinco veces a la sede presidencial entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Dos de esas visitas fueron autorizadas por Ovalle, mientras que otras dos recibieron la aprobación de Gabriela Posso, exsecretaria para las Juventudes de la Presidencia. Una quinta visita, en la que coincidió con Juan Fernando Petro, hermano del presidente, fue avalada por Mauricio Lizcano, entonces director del Dapre, quien ha negado haber firmado dicha autorización.
El caso ha generado interrogantes adicionales debido a los llamados de atención previos de Augusto Rodríguez, jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sobre los presuntos vínculos de Valencia Mosquera con «Papá Pitufo». Además, se han reportado visitas del supuesto emisario a otras entidades gubernamentales, incluidas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Mientras las investigaciones sobre estas visitas continúan en curso, Ovalle insiste en que su actuación fue «transparente y dentro del ejercicio legítimo de la participación ciudadana». No obstante, la polémica sigue creciendo y podría traer consecuencias políticas para la administración de Gustavo Petro.
