Una fuerte controversia se desató tras conocerse el argumento central de la jueza Sandra Heredia para ordenar la detención inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En el fallo de 1.114 páginas, la jueza sustentó la medida no solo en aspectos procesales, sino también en la necesidad de “preservar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, un criterio que ha sido cuestionado por expertos en derecho penal.
“La privación de libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, señala textualmente la sentencia. Heredia argumenta que la libertad de Uribe, tras ser condenado, podría generar una percepción de impunidad en la sociedad, y que su figura pública amerita una reacción firme del sistema judicial para mantener la confianza en la ley. Este enfoque ha sido interpretado como una forma de anticipar el cumplimiento de la pena antes de que sea ratificada por una segunda instancia.
Lo llamativo del caso es que Uribe ha comparecido voluntariamente a todos los llamados judiciales, y su defensa sostiene que no hay riesgo procesal ni de fuga, razones que tradicionalmente permiten que un condenado en primera instancia permanezca en libertad hasta que se resuelva la apelación. Sin embargo, la jueza optó por lo contrario, apelando a un criterio más simbólico y disuasivo: “Evitar la idea errada de que la igualdad ante la ley no existe en el ordenamiento”.
La jueza también resaltó que su decisión busca evitar que la ciudadanía perciba que alguien con reconocimiento público puede mantenerse libre a pesar de haber sido hallado culpable. “Se hace imperiosa su rauda detención”, escribió Heredia, defendiendo la ejemplaridad del castigo para sostener el “poder disuasivo del imperio de la ley”.
La defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, anunció de inmediato que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, y aseguró que se trata de una medida desproporcionada y sin sustento jurídico claro. A su juicio, el argumento utilizado por la jueza introduce un precedente peligroso al priorizar una lógica simbólica sobre los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia.
El debate ha escalado a distintos sectores del derecho, donde algunos analistas sostienen que la sentencia confunde medidas cautelares con objetivos sociales. Otros, sin embargo, consideran que el argumento de la jueza apunta a fortalecer la credibilidad institucional en un país históricamente marcado por el descrédito hacia las decisiones judiciales que involucran figuras de poder.
Mientras tanto, Álvaro Uribe deberá cumplir la detención domiciliaria en su finca en Rionegro, Antioquia, a la espera de que se resuelva la apelación. El fallo y su fundamento seguirán generando debate jurídico y político, en uno de los procesos más emblemáticos de la historia reciente de Colombia.
