El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que el próximo 20 de julio el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto legislativo que busca reglamentar la política de Paz Total y avanzar en una profunda reforma al sistema judicial. Durante la posesión de sus nuevos viceministros y directores, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el estatuto de la Paz Total establecerá un marco legal para los procesos de sometimiento, desmovilización y negociación con organizaciones armadas ilegales, asegurando que dichas acciones cuenten con sustento jurídico y garanticen los derechos de las víctimas. Montealegre subrayó que el propósito es armonizar el derecho a la paz con los principios de verdad, justicia y reparación, bajo un modelo de justicia restaurativa que combine la apertura al diálogo con la firmeza del Estado.
Actualmente el Gobierno sostiene nueve procesos activos dentro de esta política: tres negociaciones políticas con grupos insurgentes como el ELN, disidencias de las FARC y la Coordinadora Guerrillera del Ejército Bolivariano; tres mesas de diálogo urbano en Medellín, Buenaventura y Quibdó; y acercamientos con estructuras de alto impacto como las Autodefensas de la Sierra y el Clan del Golfo. Los nuevos estatutos incluirán rutas diferenciadas de sometimiento, mecanismos de colaboración eficaz, principios de oportunidad y sistemas de verificación para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores armados. El ministro fue claro al señalar que no se permitirá la impunidad y que los beneficios jurídicos estarán condicionados al cumplimiento de compromisos concretos de verdad, reparación y no repetición.
En paralelo, Montealegre confirmó que se presentará un proyecto de reforma a la justicia que no se impondrá desde las altas cortes, sino que será construido desde las bases del sistema, con participación de jueces, fiscales, defensores públicos y demás operadores judiciales. La iniciativa abordará no solo la justicia penal, sino también la civil, de familia, comercial y la jurisdicción arbitral, con el objetivo de superar problemas estructurales como la congestión, la ineficiencia y la corrupción procesal. El ministro destacó que la reforma busca garantizar un acceso efectivo a la justicia para toda la ciudadanía y recordó que “no puede hablarse de paz si el sistema judicial permanece colapsado e inaccesible para los más vulnerables”.
Montealegre enfatizó que este no será un proyecto partidista, sino un esfuerzo nacional por consolidar la paz y la justicia como pilares de una Colombia sin violencia. La radicación de las iniciativas coincidirá con el inicio de la próxima legislatura y se anticipa un debate político intenso, especialmente por los alcances de los beneficios jurídicos a organizaciones vinculadas al crimen. Con un equipo renovado y el compromiso institucional reforzado, el Ministerio de Justicia inicia así una etapa decisiva para el futuro de la paz y la legalidad en el país.
