El Gobierno de Colombia ha oficializado el envío de una invitación formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que visite el país sudamericano. La decisión, adoptada tras un reciente Consejo de Ministros, busca abrir un canal directo de verificación sobre los resultados de la política antidrogas implementada por la administración de Gustavo Petro. La Cancillería colombiana confirmó el trámite diplomático, el cual surge como una respuesta institucional a las recientes críticas emitidas desde Washington respecto a la gestión del narcotráfico en la nación andina.
Durante la sesión del Consejo de Ministros, el presidente Petro calificó al mandatario estadounidense de estar «profundamente desinformado» sobre la realidad colombiana. Según fuentes gubernamentales, el objetivo central de la visita sería que Trump presencie en terreno las operaciones de interdicción y destrucción de laboratorios de cocaína, una estrategia que el Ejecutivo colombiano defiende como más efectiva que la erradicación forzada de cultivos. El mandatario colombiano ha reiterado en sus canales oficiales que la intención es mostrar la «verdadera guerra» contra las drogas, alejando la narrativa de los discursos políticos que, a su juicio, no corresponden a los datos operativos actuales.
La reacción desde Estados Unidos no se ha hecho esperar. Portavoces de la Casa Blanca han manifestado escepticismo frente a la propuesta, calificando previamente algunas declaraciones de Petro como «alarmantes». Aunque no existe una confirmación de aceptación por parte del equipo de Trump, el cruce de declaraciones evidencia un momento complejo en la relación bilateral. La administración estadounidense ha mantenido una postura crítica frente al aumento de los cultivos ilícitos, mientras que Bogotá insiste en un cambio de paradigma enfocado en la interdicción de cargamentos y el ataque a las finanzas de las organizaciones criminales.
Este movimiento diplomático ocurre en un contexto de antecedentes tensos entre ambos líderes. A inicios de 2025, las relaciones sufrieron fricciones por desacuerdos en temas migratorios y comerciales, incluyendo amenazas de aranceles y controversias sobre los vuelos de deportados. La invitación actual se lee no solo como un gesto protocolario, sino como una maniobra política de Petro para defender su soberanía y su estrategia de seguridad ante la presión internacional del gobierno republicano.
Por el momento, la Cancillería se mantiene a la espera de una respuesta oficial por parte del Departamento de Estado de EE. UU. Mientras tanto, el debate se intensifica en ambos países sobre la viabilidad de esta visita y si realmente podría servir para alinear las visiones de dos gobiernos ideológicamente opuestos frente a un problema transnacional común.
