El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano. La medida, formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, tendrá una vigencia de 30 días calendario y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria y presupuestal sin pasar por el Congreso de la República, con el fin de conjurar una crisis fiscal que la Casa de Nariño califica como inminente y grave.
La decisión se fundamenta principalmente en el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, tras el reciente hundimiento de la Ley de Financiamiento en el legislativo. Según el documento oficial, el Estado enfrenta un déficit superior a los 16 billones de pesos, recursos necesarios no solo para el funcionamiento administrativo, sino para garantizar derechos fundamentales como la salud, el cumplimiento de sentencias judiciales y la atención a los desastres naturales provocados por la actual ola invernal.
Entre las justificaciones técnicas expuestas en el decreto se destaca la insuficiencia de recursos para cubrir el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, ordenado por la Corte Constitucional, así como la urgencia de asegurar casi un billón de pesos adicionales para la Unidad Nacional de Protección (UNP), destinados a la seguridad de líderes sociales y candidatos en el año preelectoral. Asimismo, se mencionan obligaciones vencidas en subsidios de energía y compromisos de deuda que no pueden ser aplazados.
Con esta declaratoria, se espera la expedición inminente de una batería de decretos legislativos que establecerían nuevos tributos de manera transitoria o permanente. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda anticipan que las medidas podrían incluir modificaciones al impuesto al patrimonio para personas naturales, gravámenes adicionales a los juegos de suerte y azar en línea, impuestos a las bebidas alcohólicas y vapeadores, e incluso ajustes en las transacciones financieras, buscando recaudar los fondos que no se lograron por la vía ordinaria.
La medida abre un complejo escenario jurídico y político, pues todos los decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia deberán pasar a revisión automática de la Corte Constitucional. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre si los hechos invocados por el Gobierno —como el rechazo de una reforma en el Congreso o la crisis climática— constituyen verdaderamente hechos sobrevinientes e imprevisibles que justifiquen el uso de estas facultades excepcionales, o si por el contrario, declaran la inexequibilidad de las normas dictadas.
