La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, envió una carta formal a la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación inmediata sobre audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva, en los que se la menciona como parte de un presunto plan para destituir al presidente Gustavo Petro. Según las grabaciones, Leyva habla de gestiones con grupos armados y apoyo externo, incluyendo Estados Unidos, y sugiere que “Francia está jugada” en la conspiración. Márquez rechazó categóricamente esas acusaciones, afirmando que no ha respaldado ningún complot, y subrayó su compromiso con la democracia y la institucionalidad. Estas afirmaciones motivaron su solicitud de una rápida investigación judicial que esclarezca los hechos y preserve el orden constitucional.
En su carta dirigida a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, la vicepresidenta calificó como “reprochable” el uso indebido de su nombre en ese contexto y recalcó que su trayectoria se ha caracterizado por la rectitud y moralidad en su ejercicio como vicepresidenta elegida democráticamente. Además, solicitó que la Fiscalía acelere las diligencias judiciales para que el país conozca con prontitud la verdad y se mantenga un orden justo.
Por su parte, la Fiscalía ya abrió una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción para verificar el alcance de las declaraciones de Leyva, que supuestamente incluían vínculos con el ELN, el Clan del Golfo y congresistas estadounidenses. El expediente se amplió tras una denuncia del abogado de la Presidencia, instruida por el propio president Petro, quien pidió que todos los implicados rindan explicaciones, tanto públicas como judiciales.
Este pronunciamiento de Márquez profundiza el distanciamiento dentro del Gobierno, tras tensiones previas que derivaron en su salida del Ministerio de la Igualdad. Fuentes del Pacto Histórico y figuras del petrismo exigieron claridad y respuesta contundente frente a lo ocurrido, mientras que la senadora María José Pizarro solicitó que se investigue el posible delito de sedición.
La respuesta institucional y política a esta situación adquiere relevancia no solo por el posible trasfondo legal, sino por el impacto que tiene en la confianza pública y la estabilidad del Ejecutivo. En este sentido, la actuación de la Fiscalía será determinante para restablecer la credibilidad, desechar o confirmar las hipótesis planteadas, y garantizar que los procesos se lleven con transparencia y respeto al debido proceso.
El destino de esta investigación será clave para definir si los audios constituyen una conspiración organizada o un acto aislado atribuido erróneamente. Francia Márquez ha demostrado su disposición a colaborar con la justicia y a exigir que se actúe con la mayor celeridad posible, en busca de mantener la institucionalidad democrática que ella misma ha defendido desde su elección.
