La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay interpuso este lunes una denuncia penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), alegando una presunta omisión en la protección asignada al congresista. El atentado ocurrido el pasado sábado en el barrio Modelia, donde Uribe resultó gravemente herido de bala, motivó esta acción legal. Según el abogado Víctor Mosquera, “tenemos que identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos”.
La acusación se centra en evaluar si la UNP cumplió con la activación de alertas y la disposición de escoltas y esquemas recomendados por los protocolos vigentes. En caso de comprobarse negligencia, los responsables administrativos también podrían enfrentar cargos .
El senador Uribe recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el muslo, y permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El agresor, un menor de 15 años que portaba una pistola Glock comprada en Arizona en 2020, fue capturado tras el incidente.
La Fiscalía General ya investiga el atentado y ha vinculado al caso a una posible red de sicarios. Hasta el momento, los indagados incluyen tanto al autor material como a posibles instigadores y cómplices, sin descartar responsabilidades administrativas dentro de la UNP .
Fuentes internas de la UNP informan que la entidad recopila documentos y fichas de riesgo para responder ante la Fiscalía. El director Rodríguez podría ser citado para aportar material relacionado con la estructura de protección, los protocolos aplicados y los recursos desplegados.
En el ámbito político, la denuncia generó diversas reacciones. La oposición exige transparencia en los métodos de protección de figuras públicas durante campañas, mientras algunos sectores advierten que la demanda penal no debe desviar la atención de la marcha judicial contra los responsables materiales del atentado.
La familia de Uribe Turbay remarca que esclarecer una posible omisión institucional es clave para prevenir futuros atentados. Según Mosquera, “estamos ante una tragedia anunciada”, en referencia al incremento de la violencia política en Colombia y al recuerdo de los asesinatos de candidatos en décadas anteriores.
Con esta denuncia, el foco no solo gira en torno al agresor, sino también al sistema estatal de protección. Mientras la investigación continúa, el país aguarda que este proceso determine responsabilidades, fortalezca mecanismos de seguridad y otorgue garantías para preservar la democracia en un contexto electoral complejo.
