El caso del escolta capturado en La Guajira con más de 140 millones de pesos en efectivo y material político sigue generando controversia en Colombia. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, reveló que el implicado sostiene que el dinero hallado en sobres con nombres de políticos habría sido producto de un supuesto montaje realizado por uniformados de la Policía durante el procedimiento.
La captura ocurrió en el municipio de Hatonuevo, en La Guajira, cuando autoridades interceptaron un vehículo particular en el que viajaba Luis Alfredo Acuña, escolta vinculado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Durante la inspección del automóvil, los uniformados encontraron cerca de 145 millones de pesos en efectivo, además de propaganda política relacionada con un candidato al Senado.
Según la versión oficial de la Policía, el dinero estaba distribuido en siete sobres de manila identificados con nombres de municipios y contactos telefónicos, lo que despertó sospechas sobre una posible estructura para la comisión de delitos electorales, especialmente por la cercanía de las elecciones legislativas.
Sin embargo, el director de la UNP explicó que el escolta sostiene una versión diferente. De acuerdo con el relato transmitido por Rodríguez, el vehículo fue detenido inicialmente por los uniformados y luego volvió a ser revisado después de que el automóvil presentara una falla mecánica y tuviera que ser transportado en grúa. Fue en ese momento cuando, según el implicado, los policías habrían encontrado los sobres dentro de una maleta.
El escolta asegura que los agentes llevaron los sobres a un punto de control y que posteriormente un oficial ordenó rotularlos con los nombres de siete políticos de la región, entre ellos concejales de Riohacha y diputados. Según esa versión, los uniformados habrían grabado la escena después de marcar los sobres para dar la impresión de que el dinero ya estaba identificado con fines electorales.
Respecto al origen del dinero, el implicado habría indicado que los recursos no estaban destinados a actividades políticas. Según su explicación, llevaba el efectivo para realizar una “permuta” o intercambio de su vehículo por uno más nuevo en el municipio de Maicao.
A pesar de esta versión, el director de la UNP también señaló varias irregularidades administrativas en el comportamiento del escolta. Entre ellas, que habría abandonado su labor de protección sin tramitar la novedad correspondiente ante la entidad o ante la unión temporal que lo contrató, lo que implicaría un uso indebido del tiempo y los recursos asignados al esquema de seguridad.
El caso tomó un giro judicial cuando un juez de control de garantías declaró ilegal la captura del escolta y ordenó su libertad, además de la devolución del dinero incautado. La decisión se basó en que, según la defensa, portar dinero en efectivo y material político no constituye por sí mismo un delito ni una situación de flagrancia en la legislación colombiana.
Pese a la liberación del implicado, las autoridades continúan analizando el caso. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existieron irregularidades electorales o fallas en el procedimiento policial, mientras el episodio ha intensificado el debate público sobre posibles prácticas de compra de votos en la recta final de la campaña para el Congreso.
