Después de cinco extensas jornadas de audiencia, un juez penal de control de garantías ordenó este 15 de octubre de 2025 medida de aseguramiento en centro carcelario para el excomandante de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y para la exsupervisora de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), María Yaneth Rúa.
La Fiscalía imputó a ambos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados con un supuesto esquema de corrupción en contratos interadministrativos entre Bomberos de Itagüí y el AMVA durante el período 2021. La jueza negó beneficios de libertad anticipada argumentando que los implicados podrían incidir en la investigación.
La Fiscalía sostiene que el entramado habría implicado un desfalco superior a 2.400 millones de pesos, algunos de los cuales habrían sido utilizados en la campaña al Congreso de Cadavid. Informes de medios detallan que el monto sujeto de controversia podría alcanzar 2.481 millones de pesos, mediante sobrecostos, servicios no prestados e inflaciones en facturación.
Entre las evidencias presentadas figuran grabaciones obtenidas en allanamientos en las instalaciones de Bomberos de Itagüí, donde, según la Fiscalía, se escucharon instrucciones de inflar costos de insumos de bioseguridad y capacitaciones por parte de la exfuncionaria del AMVA, María Yaneth Rúa. La Fiscalía también dio cuenta de facturas supuestamente apócrifas, como recargas telefónicas a líderes comunitarios que no fueron realizadas.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados sostuvo que no hay pruebas suficientes para atribuirles la condición de ordenadores del gasto ni responsabilidad plena en los contratos objeto de indagación. Para un tercer implicado, Elkin González, se solicitó libertad inmediata, la cual fue concedida por la jueza de control de garantías.
Adicionalmente, medios regionales indican que la Fiscalía apunta a que este presunto entramado no se limitó a los contratos de Bomberos y el AMVA, sino que involucra recursos por hasta 18.000 millones de pesos en convenios interadministrativos firmados en ese periodo. Uno de los elementos mencionados es la existencia de audios y documentos en los que se alude al direccionamiento presupuestal y aprobación irregular de recursos durante la pasada administración del AMVA.
La Fiscalía no descartó que nuevas capturas puedan producirse conforme avance la investigación, dado que involucraría a otros funcionarios y servidores públicos relacionados con esos contratos.
