El presidente del Senado, Efraín Cepeda, presentó una denuncia formal ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo sobre una “grave alteración del orden constitucional” en Colombia.
La alerta internacional surge tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, pese al rechazo explícito del Senado a esta iniciativa el pasado 14 de mayo. Para Cepeda, se trata de una amenaza directa y verificable contra el principio de separación de poderes, uno de los pilares del Estado Social de Derecho.
La denuncia fue formulada por el abogado internacionalista Víctor Mosquera Marín, en representación del senador Cepeda y con respaldo de la Fundación Derechos y Justicia Asociados. En una comunicación de seis páginas, la corporación solicita que se tome nota formal del riesgo institucional que implica la actuación del presidente Petro y que los organismos internacionales exhorten públicamente al respeto por la legalidad y la democracia representativa en Colombia.
“El presidente de la República no puede sustituir mediante decreto una decisión formal y negativa del Congreso”, subraya el documento, que califica esta intención como una “usurpación de funciones” y un intento de “sustitución constitucional por vía de hecho”.
El documento también traza una cronología de los hechos que han marcado el deterioro de las relaciones entre el presidente Petro y el Congreso, particularmente con el senador Cepeda:
- El 14 de mayo de 2025, el Senado rechazó la propuesta de consulta popular con 49 votos en contra y 47 a favor.
- El 3 de junio, el presidente anunció públicamente que firmará un decreto para convocar la consulta, sin mencionar un nuevo trámite legislativo ni revisión de la Corte Constitucional.
- Ocho partidos políticos con representación en el Congreso calificaron esta intención como una ruptura del orden constitucional.
Además, se documentan expresiones estigmatizantes y descalificadoras del presidente hacia el senador Cepeda en redes sociales y actos públicos, lo que según la denuncia refuerza una narrativa de intimidación institucional.
En el concepto jurídico anexo a la denuncia, la defensa de Cepeda argumenta que la convocatoria a una consulta popular está sujeta a un procedimiento estricto: debe ser aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros, contar con concepto previo y favorable del Senado, y pasar por control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.
“La omisión de alguno de estos requisitos invalida jurídicamente el proceso”, advierte el texto, que acusa al Ejecutivo de introducir una falsa dicotomía entre la “voluntad del pueblo” y las instituciones representativas.
Asimismo, se señala que la actuación presidencial responde a un patrón identificado a nivel internacional como “autocratización legal” o “golpe blando”, en el que se invocan mecanismos democráticos para debilitar el sistema de pesos y contrapesos.
Las solicitudes a la ONU y a la OEA
En concreto, la denuncia pide que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU:
- Tome nota formal del riesgo institucional descrito.
- Solicite información oficial al Estado colombiano sobre los fundamentos jurídicos del decreto anunciado.
- Emita un pronunciamiento preventivo, exhortando al respeto del principio de separación de poderes y del orden constitucional colombiano.
El senador Cepeda también solicitó la intervención de la OEA y la CIDH, en el marco de los tratados internacionales que garantizan la democracia representativa en la región.
La consulta popular promovida por el presidente Petro tiene como eje la reforma laboral, uno de los proyectos insignia del gobierno. Su hundimiento en el Congreso ha sido interpretado por el Ejecutivo como una obstrucción de las mayorías políticas.
Desde entonces, el mandatario ha insistido en que recurrirá directamente al pueblo, pero la forma como lo haría —sin el aval del Legislativo ni el control de la Corte— ha encendido alarmas dentro y fuera del país.
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