Las autoridades de los Estados Unidos han requerido datos a los gobiernos de Italia, España y Suecia como parte de una investigación que busca incorporar a nuevos miembros del entorno del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer en la llamada “Lista Clinton”, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Según informó el diario El Tiempo, Washington está acumulando información migratoria y financiera sobre un grupo aproximado de ocho personas —entre colombianos y extranjeros— que realizaron movimientos hacia esos tres países. El objetivo es activar una segunda fase de sanciones que afectaría “alfiles” vinculados al mandatario y a la primera dama.
Las preguntas que motivan la acción norteamericana abarcan varios frentes: los viajes de personas cercanas a Alcocer hacia Suecia (ella se encuentra en Estocolmo al cierre del reporte) y otros países europeos; negocios energéticos presuntamente vinculados a su entorno y cuentas bancarias en localidades como Miami, así como bienes inmuebles en Bogotá. En este marco, el embajador colombiano en Suecia, Guillermo Reyes, ha declarado que las visitas de la primera dama “no están vinculadas” al proceso de compra de aviones Gripen y negó que haya usado la residencia diplomática.
Un nombre sobresaliente en la indagación es el de Zuleimán, seudónimo que figura en uno de los contactos rastreados en los negocios de energía y petróleo referidos por la investigación. En ese contexto, se señala que podría tratarse de un operador venezolano radicado en República Dominicana que habría ofrecido información a la OFAC y otras instancias federales estadounidenses.
La inclusión del presidente Petro, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre generó una crisis de alcance tanto diplomático como financiero para Colombia, al implicar potenciales bloqueos de bienes, restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense y un impacto reputacional internacional.
En la práctica, la solicitud de información a las tres naciones europeas marca una escalada en la presión de EE.UU. sobre redes que podrían estar colaborando o beneficiándose del entorno del Gobierno colombiano. La fase investigativa incluye el análisis de rutas migratorias, vínculos empresariales en el sector energético, domicilios de bienes y cuentas en jurisdicciones internacionales.
El Gobierno colombiano ha reaccionado ante la medida y ha calificado las sanciones de “persecución política”. Por su parte, el embajador Guillermo Reyes en Estocolmo ha tratado de deslindar a la primera dama de irregularidades vinculadas al proceso de sanciones, insistiendo en que sus visitas a Suecia fueron personales y no oficiales.
