Una investigación periodística de Associated Press, divulgada en Colombia por Blu Radio el 21 de marzo de 2026, reportó que registros de la DEA contienen referencias a una denuncia según la cual el presidente Gustavo Petro habría usado exasistentes de campaña y funcionarios de Ecopetrol para mover o “lavar fondos presidenciales” en el exterior. El reporte señala que la información proviene de una entrevista realizada en 2024 a una fuente anónima y que hace parte de una indagación federal en etapa preliminar en Estados Unidos.
Según el contenido reseñado, la documentación examinada por AP también menciona supuestos vínculos del mandatario con estructuras del narcotráfico internacional, entre ellas el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela. La publicación precisa, sin embargo, que hasta ahora no está confirmado que las autoridades estadounidenses hayan encontrado pruebas que involucren directamente a Petro en delitos, por lo que el caso no pasa todavía de un nivel preliminar de verificación e interrogatorios.
El informe indica además que fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes sobre posibles nexos con el jefe de Estado y sobre denuncias según las cuales personas cercanas a él habrían solicitado sobornos a cambio de frenar extradiciones hacia Estados Unidos, incluso desde la cárcel La Picota. Esa referencia ubica el caso dentro de un escenario de alta sensibilidad política y judicial, aunque la propia nota subraya que no existe una confirmación pública de cargos ni de hallazgos concluyentes contra el presidente colombiano.
Frente a esas versiones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rechazó de manera tajante los señalamientos y, según la reseña citada, aseguró que carecían “de toda realidad o lógica”. Por su parte, Gustavo Petro también negó los hechos y sostuvo que no ha tenido vínculos con organizaciones criminales ni ha sido investigado en Colombia por estos episodios. Ambas respuestas aparecen como los principales desmentidos oficiales conocidos hasta el momento frente al contenido del reporte internacional.
La publicación también recogió reacciones de sectores de oposición, entre ellas las del candidato Abelardo de la Espriella, quien lanzó nuevas acusaciones políticas contra el mandatario a raíz de la información revelada. Esas respuestas se produjeron después de que el reporte de AP circulara en medio de una coyuntura ya marcada por fuertes tensiones sobre seguridad, narcotráfico y campaña presidencial, lo que amplificó su impacto en el debate público colombiano.
Con la información disponible hasta la fecha de redacción, el punto central del caso es la existencia de una pesquisa preliminar y de documentos de la DEA revisados por Associated Press, no una imputación formal ni una decisión judicial contra el presidente. Ese matiz resulta clave para entender el alcance real de la revelación: hay una denuncia bajo revisión y respuestas oficiales que la niegan, pero no una conclusión definitiva de las autoridades sobre la responsabilidad de Petro en los hechos mencionados.
