El Gobierno de Ecuador anunció oficialmente este viernes la implementación de una medida extraordinaria que contempla el cierre inmediato de la gran mayoría de sus pasos fronterizos con Colombia y Perú. La decisión, calificada por las autoridades como una acción drástica y necesaria, tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la soberanía estatal y la recuperación del orden público en las zonas limítrofes, áreas que han sido identificadas como puntos críticos para la seguridad interna del país.
Esta determinación se fundamenta en estrictas razones de seguridad nacional, según lo comunicado por el ejecutivo ecuatoriano. La administración busca frenar el flujo de actividades ilícitas transnacionales que operan a través de los corredores binacionales, incluyendo el narcotráfico, el contrabando de armas y la minería ilegal. Las autoridades han señalado que la permeabilidad de las fronteras ha facilitado la expansión de grupos delictivos organizados, lo que motivó esta respuesta contundente para blindar el territorio nacional frente a amenazas externas.
El cierre afecta tanto a la frontera norte con Colombia como al límite sur con Perú, restringiendo el tránsito de personas y vehículos en los puentes y pasos terrestres que conectan a estas naciones. Aunque no se ha detallado la duración exacta de la medida, el Gobierno ha enfatizado que se mantendrá vigente el tiempo necesario para garantizar la estabilidad interna y mitigar el impacto de las economías criminales que se lucran de la porosidad en los límites territoriales. Se espera que en las próximas horas se desplieguen operativos militares reforzados para asegurar el cumplimiento de la restricción.
La medida ha generado una alerta inmediata en la región, dado el alto flujo comercial y migratorio que caracteriza a estos puntos de conexión andina. Mientras se ejecutan los protocolos de cierre, las fuerzas de seguridad de Ecuador han iniciado labores de control intensivo para evitar el uso de trochas o pasos ilegales alternativos. El Gobierno ha reiterado que esta política de seguridad es prioritaria y que busca proteger a la ciudadanía de la violencia asociada al crimen transnacional, marcando un precedente en la gestión de las fronteras sudamericanas.
