El profesor y experto en combate al crimen financiero Juan Carlos Portilla presentó dos denuncias penales ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de falsedad en documento público y lavado de activos contra el presidente Gustavo Petro.
Según Portilla, la denuncia por falsedad en documento se fundamenta en que, aunque el mandatario declaró públicamente el 26 de octubre que se encuentra separado de su esposa, Verónica Alcocer, desde hace dos años, en su formulario de declaración de bienes, rentas y conflictos de interés, registrado el 11 de noviembre, consignó a la señora Alcocer como su cónyuge o compañera permanente.
La acusación por lavado de activos se apoya en la inclusión del presidente Petro en la llamada “lista Clinton”, lo que —según el denunciante— amerita investigar sus cuentas bancarias, operaciones sospechosas vinculadas a su entorno familiar y asesoría, y reportes de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Portilla solicitó formalmente a la Comisión de Acusación que inicie la investigación preliminar de inmediato, con el fin de determinar si existen méritos para formular cargos formales contra el mandatario.
La presentación de las denuncias se produce en un contexto político marcado por tratativas de transparencia y control al ejercicio del poder en Colombia, donde los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión del fuero presidencial están bajo escrutinio público.
De acuerdo con los procedimientos establecidos, la Comisión de Acusación debe admitir la denuncia, luego verificar los requisitos procesales y, en caso de hallarse mérito, formular la acusación ante el Senado de la República de Colombia. El remitente del caso asegura que la acción busca resguardar el Estado de derecho y la garantía de decencia en la función pública.
El mandatario Petro aún no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusación. La evolución del proceso y las decisiones que adopte el órgano competente serán relevantes para definir los siguientes pasos en este escenario jurisdiccional.
