La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actualmente prófugo, para suspender la orden de captura internacional en su contra. La decisión mantiene en firme la circular roja de Interpol que lo busca en el extranjero por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El pasado 1 de octubre, González interpuso una tutela en la que pedía anular la medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá y solicitaba suspender la circular roja mientras se resolvía de fondo su caso. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema concluyó que la petición no cumplía con los requisitos de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad, por lo que fue rechazada.
La Corte señaló que acceder a la petición implicaría un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del proceso. No obstante, el alto tribunal admitió la tutela para estudio y solicitó a las autoridades involucradas presentar sus argumentos.
La medida de aseguramiento contra González ya había sido confirmada el 4 de septiembre por el Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó su reclusión en centro carcelario. En julio, esa misma instancia había considerado que existían elementos suficientes para inferir su participación en actos de corrupción relacionados con la UNGRD.
La Fiscalía lo imputó en mayo por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó. Según las investigaciones, González habría pactado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la entrega de contratos por más de 70.000 millones de pesos destinados a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. Ante la imposibilidad de concretar los contratos, se habrían entregado sobornos en efectivo de 3.000 millones a Name y 1.000 millones a Calle, quienes se encuentran detenidos desde mayo por orden de la Corte Suprema.
Actualmente, González permanece prófugo y, según reportes de prensa, estaría en Nicaragua bajo asilo político, lo que complica la efectividad de la orden internacional de captura. La circular roja de Interpol, activa desde el 22 de septiembre, seguirá vigente mientras la justicia colombiana avanza en el proceso.
El caso se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el gobierno de Gustavo Petro, dado el alto nivel político de los implicados y la magnitud de los recursos comprometidos en el entramado de corrupción.
