La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió el 21 de agosto de 2025 una investigación formal contra el representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca por el presunto delito de concusión. El alto tribunal indaga si, abusando de su cargo, Racero solicitó pagos indebidos a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Se investigan las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a cuentas del congresista por parte de miembros de su equipo. También se analiza si a alguno de estos se le asignaron tareas en un negocio particular —un supermercado fruver de su propiedad— lo que podría constituir un uso indebido de su posición.
Como parte del proceso, el magistrado instructor César Augusto Reyes Medina ordenó practicar pruebas, entre ellas la solicitud a operadoras de telefonía (Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin) de registros de comunicaciones entre Racero y su exasistente Jhon Leonardo García durante el periodo 2020‑2022. A su vez, la Dijín y el CTI deben remitir informes técnicos sobre la autenticidad de los chats filtrados en medios.
En paralelo, el Consejo de Estado ha admitido una demanda que busca la pérdida de investidura de Racero. Esta contiende que, además del fruver, hay evidencias de clientelismo y tráfico de influencias en su gestión legislativa.
El caso también está siendo seguido por la Procuraduría General de la Nación, que el año anterior abrió una indagación disciplinaria contra el congresista por presuntas irregularidades en nombramientos y contrataciones, incluyendo su vínculo al SENA
