Por: Juan José Gómez Gómez
La corrupción es una enfermedad social que se instala con sigilo y se reproduce con voracidad. Quien la prueba por primera vez un favor, un atajo, una concesión al margen de la ley siente una mezcla de culpa y triunfo: la sensación de haber burlado lo rutinario y, al mismo tiempo, de haber ganado un recurso que abre puertas. Esa primera experiencia no suele quedar aislada; crea tolerancia, exige dosis mayores y termina por transformar a un servidor público en un actor que prioriza su interés personal sobre el bien común. Lo que comenzó como una pequeña transgresión se convierte, con el tiempo, en un hábito que corroe la ética, la reputación y la capacidad del Estado para servir.
No es una metáfora exagerada decir que la corrupción actúa como una adicción. La recompensa inmediata nubla el juicio, la impunidad alimenta la ambición y la ambición justifica medios cada vez más cuestionables. En el Congreso, esa dinámica se traduce en leyes que benefician a unos pocos, en contratos amañados, en clientelismo y en la pérdida de legitimidad de quienes deberían representar a la ciudadanía. Muchos llegan con buenas intenciones; pocos resisten la presión de redes clientelares, prebendas y la lógica del “todo vale” para mantenerse en el poder. El resultado es doble: se deterioran las políticas públicas y se profundiza la desafección ciudadana.
Ante ese panorama, el voto no puede ser un acto mecánico ni un gesto de lealtad incondicional. Votar es una responsabilidad cívica que exige criterio, información y, sobre todo, exigencia. No se trata de elegir al menos malo, sino de premiar la integridad y la capacidad. Para que el Congreso deje de ser un escenario de transacciones y recupere su función deliberativa y fiscalizadora, el cambio debe empezar en la urna. Cada elector tiene en sus manos la posibilidad de inclinar la balanza hacia la transparencia o hacia la impunidad.
Antes de marcar la casilla, conviene mirar con atención la trayectoria del candidato. La decencia no es un adjetivo vacío: se demuestra en la coherencia entre palabra y acción, en el respeto por la ley, en la transparencia de la vida pública y en la manera como se manejan los recursos. Conocer la profesión u oficio del aspirante y cómo lo desempeñó permite evaluar competencias y ética laboral. Investigar su comportamiento en la comunidad, preguntar a vecinos, colegas y empleadores, y revisar su hoja de vida pública son ejercicios de prudencia que todo elector responsable debe hacer.
Si el candidato ya ha ocupado un cargo público, su expediente legislativo es una fuente de información insustituible. Los proyectos de ley presentados, las ponencias elaboradas, los debates convocados, las votaciones en asuntos de interés nacional y la asistencia a las sesiones hablan más que los discursos. La actividad legislativa revela prioridades: quién trabaja por políticas públicas y quién se limita a la retórica. Exigir cifras, nombres de iniciativas y resultados concretos es exigir responsabilidad. La política no puede ser un teatro de promesas; debe medirse por hechos verificables.
También es imprescindible indagar sobre procesos judiciales o investigaciones en curso. La existencia de una indagación no equivale a culpabilidad, pero sí obliga a pedir explicaciones públicas y a valorar la transparencia del candidato frente a esos hechos. La rendición de cuentas no es una concesión: es una condición para la confianza. Asimismo, la gestión de recursos públicos incluidos los llamados “cupos indicativos” o cualquier mecanismo de asignación debe ser clara y justificable. La opacidad en el manejo de dineros públicos es una señal de alarma que no debe ser ignorada.
Votar por convicciones religiosas, por afinidad ideológica o por simpatía personal es legítimo; lo que no es legítimo es abdicar del juicio crítico. La lealtad ciega a partidos o líderes convierte al elector en cómplice involuntario de prácticas que dañan al conjunto. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos comparan, cuestionan y exigen. Leer, preguntar, contrastar fuentes y recordar que el poder público es un mandato temporal y no una propiedad privada son actos de civismo que protegen lo público.
No menos importante es valorar la capacidad de diálogo y la disposición a trabajar en equipo. Un buen congresista no es solo quien defiende una causa con pasión, sino quien sabe construir consensos, escuchar a la oposición y priorizar el interés general sobre el particular. La política útil es la que produce acuerdos que mejoran la vida de la gente: infraestructura, salud, educación, seguridad y oportunidades. Elegir representantes que entiendan la complejidad y que sepan traducirla en políticas concretas es elegir progreso.
La transparencia debe ser un requisito no una virtud ocasional. Exigir declaraciones de bienes, historial laboral, contratos y vínculos empresariales, así como mecanismos claros de rendición de cuentas, es proteger la democracia. Las redes sociales y los medios ofrecen herramientas para verificar información; úselas con criterio. No se deje arrastrar por consignas ni por la seducción de la imagen: la política no es un espectáculo, es una responsabilidad.
Finalmente, recuerde que el voto es una inversión en el futuro colectivo. Cada elección define prioridades, recursos y rumbo. Votar bien es cuidar la educación de los hijos, la salud de los mayores, la seguridad en las calles y la justicia en las instituciones. No permita que la apatía o la desinformación decidan por usted. Infórmese, exija, compare y, sobre todo, vote con la convicción de que la política puede ser un instrumento de transformación cuando quienes la ejercen lo hacen con decencia y competencia.
Si quiere que su voto sea útil para su ciudad, su departamento y su país, elija personas competentes, transparentes y comprometidas con el bien común. No permita que la retórica sustituya a la evidencia. La política no es un botín ni un escenario para la ambición desmedida: es la herramienta con la que construimos lo público. Votar bien es, en última instancia, proteger ese bien.
