Un nuevo episodio de tensión política se vive en Colombia después de que Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, publicara en su cuenta de X un mensaje donde afirmó que “periodismo arrodillado tiene que ser controlado”. La polémica frase, compartida el 21 de julio de 2025, generó una oleada de críticas tanto en redes sociales como en el Congreso.
El comentario fue agregado con un contexto por la comunidad de X, recordando que según la Constitución de 1991, “el poder ejecutivo no puede controlar el periodismo en Colombia”, y citando datos alarmantes sobre agresiones a periodistas: 97 asesinatos desde los noventa y unas 500 agresiones anuales. Usuarios, como el diputado Luis Peláez, cuestionaron: “¿Silenciar voces críticas es el camino?”, evidenciando la preocupación por la insinuación de censura.
La respuesta en el Congreso fue inmediata. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, advirtió que la propuesta de Saade recordaba “un claro intento de censura de los conglomerados informativos” y citó literariamente: “si le cortas la lengua a un hombre… demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que tiene por decir”. Voceros del partido también sugirieron que, dado su cargo, Saade podría estar extralimitando sus funciones y abriendo la puerta a investigaciones por parte de la Procuraduría.
Este no es el primer enfrentamiento de Saade con los medios. En marzo de 2024 ya había propuesto cerrar medios acusados de “levantar falso testimonio” contra figuras públicas. Ahora, su cargo de confianza dentro de la Casa de Nariño –desde su posesión en junio de 2025– fortalece la incomodidad, pues se teme que sus palabras reflejen la voluntad del Ejecutivo.
La polémica se enmarca además en un contexto interno de tensiones digeridas por Gabriel Vásquez en su columna “Entre fanáticos”, donde advierte sobre la creciente cercanía del presidente Petro con figuras autoritarias y religiosas, identificando a Saade como ejemplo del riesgo para las libertades democráticas. Vásquez señala que su presencia refuerza el resentimiento y la polarización que marcarían la recta final del gobierno.
En contraposición, fuentes cercanas al Gobierno defienden la propuesta argumentando que no se trata de censura directa, sino de un llamado a una autoregulación ética en medios considerados complacientes o sesgados. Sin embargo, legisladores del Congreso han solicitado que se evalúen posibles investigaciones disciplinarias por extralimitación de funciones, en caso de que Saade pretenda judicializar la libertad de prensa.
En los próximos días, se espera la intervención de entes de control como la Procuraduría o la Fiscalía, que deberán determinar si las manifestaciones de Saade configuran una vulneración constitucional o simplemente se circunscriben al debate público. Mientras tanto, la polarización persiste y los ojos de la opinión pública y los medios estarán atentos a los pasos que dé la administración Petro.
