La firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para establecer la «Zona de Paz, Unión y Desarrollo» ha desatado una acalorada controversia en medio de advertencias militares y críticas políticas bien fundamentadas. El general (r.) Jorge Mora López, excomandante del Ejército colombiano, alertó en su cuenta de X que esta iniciativa representaría “el primer paso para la pérdida de la soberanía nacional” y cuestionó el papel del Gobierno como facilitador de una expansión venezolana en territorio colombiano.
En su pronunciamiento, Mora argumentó que desde la llegada de Gustavo Petro al poder, Norte de Santander habría pasado a ser un enclave de coordinación con el régimen de Maduro. Según el general en retiro, la zona binacional no sería únicamente económica, sino una estrategia conjunta con el ELN para reconfigurar la demografía fronteriza: “repoplar esta región con venezolanos y colombianos afines a la revolución y al ELN”.
El memorando firmado en Caracas el 17 y 18 de julio de 2025 abarca inicialmente a Norte de Santander por parte colombiana, y los estados Táchira y Zulia por Venezuela. Las autoridades de ambos países lo han presentado como un acuerdo de cooperación para impulsar el desarrollo agroindustrial, turístico y comercial, así como la sustitución de cultivos ilícitos y la mejora de infraestructuras sociales. Nicolás Maduro ha resaltado temas como coordinación policial y militar bilateral para enfrentar el narcotráfico y la violencia en la frontera.
Frente a las preocupaciones militares, el Gobierno colombiano aclaró que el acuerdo es de naturaleza económica y social, sin implicaciones de ingreso de tropas venezolanas en el territorio nacional. Indicaron que, de momento, solo Norte de Santander está incluido en la fase piloto, y que cualquier expansión a César o La Guajira dependerá del avance del programa inicial. Además, enfatizaron que cualquier cooperación en seguridad debe respetar plenamente la soberanía nacional.
Sectores sociales y políticos han exigido transparencia y participación local en la definición del proyecto, reclamando claridad sobre los alcances del memorando. Vicky Dávila, entre otras voces, calificó el acuerdo como una imposición de «un socio indeseable» y ha asociado la iniciativa con intereses del narcotráfico y el ELN.
Uno de los mayores temores gira en torno al potencial fortalecimiento del ELN como una fuerza transfronteriza. El general Mora concluyó que este grupo podría actuar dentro de la zona binacional como una “fuerza binacional”, lo que aumentaría el riesgo de presión electoral y territorial en zonas como Arauca, Vichada y Guainía, donde ya ejercen influencia ilegal.
