El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas del expresidente Álvaro Uribe y otros sectores políticos, quienes acusan el acuerdo de zona binacional con Venezuela como una cesión de la soberanía colombiana. A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que “una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear condiciones sociales y económicas… para que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”.
Petro añadió que durante los gobiernos uribistas se cortaron las relaciones con Venezuela, lo que abrió paso a que “mafias domin… territorios y poblaciones, matándolas”. Al dirigirse directamente a Uribe, el presidente subrayó que “perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza… a partir de las armas y el terror”.
Por su parte, Uribe calificó el acuerdo como “entrega de la soberanía de la patria” y advirtió que esta zona sería dominada por “terrorismo y narcotráfico protegidos por la dictadura de Maduro”. En un video divulgado en sus redes, planteó la necesidad de que un futuro gobierno, a partir del 7 de agosto de 2026, lo elimine.
El viaje a Caracas realizado el 17 de julio por el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, generó gran revuelo. Saade señaló que el acuerdo es “el inicio de un sueño, que nació en Bolívar, continuó Chávez y hoy sigue con Maduro y Petro”, afirmando que se trata de “una transformación social, política y económica en una región que lo necesita”. Desde su perspectiva, la iniciativa apunta a fortalecer el comercio, la seguridad y la infraestructura entre ambos países.
Las reacciones no se hicieron esperar. Vicky Dávila y otros críticos alertaron que la propuesta pondría en riesgo la seguridad nacional y permitiría la injerencia del narco‑dictador Maduro y el ELN en territorio colombiano.Asimismo, representantes políticos exigieron que el tipo de acuerdos suscritos sean revisados por el Congreso antes de su implementación.
El debate pone de relieve tensiones históricas entre integración y soberanía. Mientras Petro defiende el acuerdo como un mecanismo para reactivar zonas marginadas y contener el poder de mafias, la oposición advierte que podría ser un ruta de penetración de fuerzas ilegales. También surge una discusión sobre la legalidad del proceso: si debió haberse sometido a revisión en el Congreso y contar con análisis de la Corte Constitucional y defensa nacional.
