Por: Aldrin García – Director Totus Noticias
Hay derrotas que se aceptan con dignidad y derrotas que se disfrazan de resistencia moral. Colombia acaba de vivir una elección cerrada, dura, polarizada, con una diferencia que no dejó margen para triunfalismos, pero sí dejó una verdad política imposible de esconder: Abelardo de la Espriella ganó y Gustavo Petro tiene que entregar el poder.
Y ahí parece estar el verdadero problema.
No es solo Iván Cepeda hablando de desobediencia civil. No es solo el petrismo intentando convertir una derrota electoral en una causa épica. No es solo el discurso de quienes ahora descubren peligros institucionales que nunca vieron cuando el poder estaba de su lado. Lo que estamos viendo es algo más profundo: el desespero de un proyecto político que creyó que el Estado era suyo, que confundió gobierno con propiedad privada y que ahora parece no saber cómo salir de la Casa de Nariño sin incendiar el camino.
Cepeda perdió. Reconoció la derrota, sí, pero luego empezó a ponerle condiciones simbólicas y políticas al presidente electo. Que renuncie a una ciudadanía. Que descarte decisiones futuras. Que no toque a Petro. Que explique esto. Que prometa aquello. Y si no, desobediencia civil. La pregunta es simple: ¿desde cuándo el perdedor de una elección queda facultado para imponerle requisitos de posesión al ganador?
La democracia no funciona así. La oposición tiene derecho a vigilar, denunciar, criticar y movilizarse. Pero una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es instalar la sospecha como método para desconocer la voluntad popular. Porque cuando la izquierda gana, pide respeto por las urnas. Pero cuando pierde, algunos de sus sectores parecen pedir reinterpretar las urnas.
Abelardo, por su parte, entendió el mensaje y respondió con el lenguaje que sus electores esperaban: autoridad, auditoría, Estado de Derecho y cero complacencia con quienes pretendan presionar desde la calle lo que no ganaron en las urnas. Su anuncio de un equipo jurídico para revisar irregularidades del gobierno Petro no es menor. Es una señal política: el empalme no será una ceremonia de flores, será una revisión con lupa.
Y eso, precisamente, parece incomodar.
Porque el miedo no parece ser únicamente a Abelardo. El miedo es a lo que Abelardo pueda encontrar. A los contratos. A las cifras. A las decisiones. A la paz total. A la salud. A la burocracia. A los silencios. A todo aquello que durante cuatro años fue vendido como transformación, pero que ahora tendrá que pasar por el filtro incómodo de la rendición de cuentas.
Petro, Cepeda y el petrismo están ante una prueba histórica: demostrar si creen en la democracia solo cuando ganan o también cuando les toca perder. Porque entregar el poder no es una concesión; es una obligación republicana. Y aceptar una derrota no es arrodillarse ante el adversario; es respetar al país.
Colombia no necesita una oposición domesticada, pero tampoco una oposición que amenace con desconocer la institucionalidad antes de que el nuevo gobierno siquiera se posesione. La crítica es legítima. La vigilancia es necesaria. La protesta es un derecho. Pero convertir la transición presidencial en un chantaje político es otra cosa.
El país ya está suficientemente dividido. Más de 25 millones de colombianos salieron a votar y el mensaje fue claro: Colombia quedó partida en dos, pero decidió. Y cuando un país decide, los líderes responsables no prenden fósforos; ayudan a que la institucionalidad no se queme.
El 7 de agosto no se posesiona un santo ni un mesías. Se posesiona el presidente elegido por los colombianos. Abelardo tendrá que responder por sus promesas, por sus excesos, por sus decisiones y por el país que recibe. Pero Petro también tendrá que responder por el país que entrega.
Y tal vez por eso hay tanto nerviosismo.
Porque una cosa es hacer campaña contra Abelardo. Otra muy distinta es entregarle las llaves del poder sabiendo que él no llega a aplaudir el legado de Petro, sino a auditarlo.
