El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia que la necropsia y la historia clínica del menor Kevin Arley Acosta continúan bajo reserva sumarial y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregar esa información al Gobierno nacional.
La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la controversia generada por el caso del menor de siete años que falleció en febrero de 2026 tras complicaciones relacionadas con hemofilia severa y presuntas fallas en la atención médica.
La Sala de Decisión de Tutelas concluyó que no existió vulneración al derecho fundamental de petición alegado por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general y director jurídico encargado del Ministerio de Salud, quien había interpuesto una acción de tutela para obtener acceso a los documentos médicos y forenses del caso.
El alto tribunal respaldó así el fallo emitido previamente por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que en abril había declarado improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Salud.
Según la sentencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal sí respondió de fondo la solicitud del Gobierno, explicando que la información requerida está protegida por reserva procesal y únicamente puede ser entregada mediante orden judicial o dentro de los mecanismos establecidos por la ley.
El Tribunal también señaló que, si el Ministerio de Salud no compartía la respuesta entregada por Medicina Legal, podía acudir al denominado recurso de insistencia y no necesariamente a una acción de tutela.
La controversia sobre el caso Kevin Acosta tomó relevancia nacional luego de las declaraciones realizadas por el presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante un Consejo de Ministros en febrero de este año. En esa intervención, el Gobierno cuestionó aspectos relacionados con la atención médica brindada al menor y el manejo familiar de su enfermedad.
Posteriormente, el mandatario volvió a referirse públicamente al caso y leyó apartes de información clínica relacionada con el niño, situación que provocó críticas desde distintos sectores políticos, jurídicos y médicos por una posible vulneración de la confidencialidad de los datos médicos.
El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, reiteró semanas atrás que el informe de necropsia y demás documentos asociados al proceso tienen carácter reservado y forman parte de una investigación judicial en curso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá mantiene vigente esa protección legal y deja en firme la negativa de Medicina Legal frente a la solicitud presentada por el Gobierno nacional, en un caso que continúa generando debate sobre el manejo institucional de información médica sensible y los límites de acceso a expedientes judiciales reservados.
