Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Muy pocos colombianos se dieron cuenta de que, el 30 de diciembre, el gobierno de Petro les enterró una puñalada marranera a todos los pequeños propietarios de predios rurales en más de 500 municipios, y a los grandes latifundistas también.
Al millón y medio de campesinos propietarios de su tierrita no hubo quien los defendiera de la Resolución 2057 del IGAC, dictada con base en la Ley del Plan de Desarrollo, por medio de la cual, dizque, actualizan masivamente el catastro en porcentajes absurdos.
A los latifundistas resignados, como los de Arauca, o acuscambados, como los que agrupan Asocaña y Procaña en el Valle, menos aún: sus líderes no salieron a protestar.
Los que se están rebotando por estos días, cuando acuden a las tesorerías municipales a pagar el predial, son los poco más de millón y medio de campesinos dueños de predios menores de 100 hectáreas, en especial los pertenecientes al país andino, donde el minifundio, si da para comer, no da para pagar el predial.
Del tema no hablan los parlamentarios elegidos el 8 de marzo porque, pese a conocer la resolución de marras, se abstuvieron unos y otros —petristas o de oposición— de airearlo.
Y del rosario de candidatos presidenciales, que se va desgranando por una causa o por la otra, el tema parece vedado, incluso para el tibio de Fajardo o para el gatito de Lizcano, que provienen del país andino y han sido elegidos en el pasado por los votos de esos propietarios de predios rurales.
Pero el lío está allí, y nadie propone nada. Aunque, si no se adopta alguna fórmula retrechera, los municipios se arriesgan a volverse propietarios de esos casi millón y medio de predios, porque sus dueños no van a tener con qué pagar y preferirán perder sus tierras, ya que los embargarán.
Mas, como estamos en Colombia y no en Irán, vamos a elegir presidente el 31 de mayo, como si no hubiesen jodido a medio país con el abuso catastral.
