El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que interpondrá una acción de nulidad contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión fue confirmada por el mandatario regional, quien aseguró que la demanda será presentada formalmente el próximo lunes de Pascua, con el respaldo de varios alcaldes del área metropolitana. Según explicó, la medida adoptada por el ente acusador carece de legitimidad y representa un riesgo para el sistema judicial y la seguridad en la región.
Rendón cuestionó que la resolución deje sin efecto procesos judiciales construidos durante años por jueces y fiscales que, en muchos casos, enfrentaron amenazas y situaciones de riesgo para lograr condenas contra estos delincuentes. De acuerdo con el gobernador, algunos de los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura enfrentaban penas superiores a los 20 años de prisión.
Uno de los principales argumentos de la administración departamental es que la decisión envía un mensaje de impunidad, al priorizar un proceso de diálogo que, según indicó, aún no cuenta con un marco jurídico claro. En ese sentido, advirtió que se estaría debilitando la institucionalidad y el trabajo de las autoridades judiciales.
El mandatario también expresó preocupación por los efectos prácticos de la medida. Aunque la Fiscalía ha señalado que no se trata de una excarcelación, Rendón advirtió que al menos 16 de los cabecillas que permanecen detenidos podrían obtener permisos de movilidad desde centros penitenciarios, como la cárcel de Itagüí, bajo el argumento de participar en conversaciones sociojurídicas.
En materia de seguridad, el gobernador alertó sobre el posible incremento de riesgos para la ciudadanía, las víctimas y la fuerza pública. Señaló que la flexibilización de las condiciones judiciales podría facilitar el desplazamiento de estos líderes criminales no solo en el Valle de Aburrá, sino también hacia otras zonas como Rionegro y Bogotá.
En medio de la controversia, Rendón hizo un llamado directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que revise la medida y actúe en favor de la seguridad de los ciudadanos. La decisión ha intensificado las tensiones entre las autoridades regionales y el Gobierno nacional, en un contexto marcado por debates sobre la política de sometimiento y diálogo con estructuras criminales.
El anuncio de la demanda marca un nuevo episodio en la discusión sobre las estrategias para enfrentar el crimen organizado en Colombia, especialmente en territorios donde estas estructuras mantienen una fuerte influencia. Mientras avanza el proceso legal, el caso abre un nuevo frente de análisis sobre los límites entre la negociación y la aplicación de la justicia en el país.
