Durante un consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro en Tibú, se estudió la posibilidad de declarar el Estado de Conmoción Interior como respuesta a la grave crisis de seguridad en el Catatumbo, que ha dejado al menos 30 muertos según la Defensoría del Pueblo.
El encuentro, que duró más de dos horas, contó con la presencia de miembros del gabinete, la cúpula militar y autoridades locales. Aunque no hubo declaraciones oficiales tras la reunión, fuentes de alto nivel revelaron que el mandatario evalúa esta medida extrema contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991.
El Estado de Conmoción Interior es un mecanismo excepcional que permite al Ejecutivo tomar medidas extraordinarias para restablecer el orden público cuando las herramientas ordinarias no son suficientes. Este estado puede ser declarado por un período inicial de hasta 90 días y prorrogado dos veces, siempre con el respaldo del Senado en su segunda extensión.
La región, afectada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, enfrenta una grave escalada de violencia que atenta contra la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana. El presidente Petro, según las mismas fuentes, manifestó su preocupación por el “baño de sangre” en el Catatumbo y analizó distintas propuestas para frenar el conflicto armado.
En caso de ser declarado, el Gobierno tendría facultades especiales para expedir decretos legislativos que suspendan leyes incompatibles con esta medida, además de tomar acciones estrictamente necesarias para estabilizar la seguridad en la región. Los decretos dejarían de estar vigentes una vez se restablezca el orden público.
Aunque aún no se ha confirmado la declaratoria, las autoridades locales y nacionales continúan evaluando la situación en el Catatumbo. Esta decisión marcaría un punto crucial en el manejo del conflicto armado en una de las zonas más críticas del país.