El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la Contraloría General de la República en medio de la controversia por el decreto que propone trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que el organismo de control advirtiera que la medida podría ser inviable jurídicamente y representar riesgos para los recursos de los cotizantes. Frente a estas observaciones, Petro afirmó que pedirá a la entidad “dejar de ser cómplice de un robo”, al considerar que no se está garantizando la devolución de los ahorros a los trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público.
Según el jefe de Estado, si los fondos privados no entregan los recursos correspondientes a los afiliados, se estaría configurando una apropiación indebida del dinero. En ese contexto, insistió en que los ahorros pensionales pertenecen exclusivamente a los cotizantes y no a las entidades financieras que los administran.
El presidente también denunció la existencia de un supuesto “corralito de ahorros”, señalando que los recursos estarían siendo retenidos y que incluso podría haber una fuga de capitales hacia el exterior con el objetivo de evitar su devolución. Además, cuestionó el papel tanto de la Contraloría como de la Superintendencia Financiera, a las que acusó de actuar con silencio o falta de control frente a la situación.
La polémica se enmarca en el decreto del Gobierno que busca reglamentar el traslado de recursos desde el régimen de ahorro individual hacia el sistema público administrado por Colpensiones. Sin embargo, la Contraloría advirtió que no existirían las condiciones legales ni operativas para ejecutar el traslado masivo de estos fondos en el corto plazo.
El organismo también alertó que la medida podría implicar riesgos fiscales, como la posibilidad de que los recursos destinados a pensiones se utilicen como gasto corriente, lo que afectaría la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
En su análisis, la Contraloría señaló que los recursos de los afiliados solo pueden trasladarse cuando se consolide el derecho pensional, lo que limitaría la aplicación inmediata del decreto para la mayoría de los casos.
El cruce de posiciones refleja un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y los organismos de control, en medio de una reforma pensional que sigue generando debate jurídico, económico y político en el país.
Mientras tanto, el futuro del decreto y la viabilidad del traslado de los recursos continúan en evaluación, en un escenario donde se enfrentan visiones sobre la administración del ahorro pensional y la sostenibilidad del sistema en Colombia.
