La candidata presidencial Paloma Valencia denunció un presunto gasto irregular de $26.289 millones en burocracia por parte del denominado Fondo Paralelo del Ministerio de la Igualdad, tras la firma de un contrato con la empresa Laborando S.A.S., aprobado por el Consejo Directivo de la entidad y firmado por su presidente encargado. La denuncia fue presentada en Bogotá el 4 de febrero de 2026, en el marco del debate nacional sobre el uso de recursos públicos.
Según la información divulgada, el contrato fue firmado el 7 de enero de 2026 y tuvo como objetivo la contratación de personal mediante un proceso de invitación directa, sin licitación pública. De acuerdo con la candidata, este nuevo acuerdo se suma a otros cuatro contratos previos firmados desde 2025 con la misma empresa, que en conjunto superan los $96.871 millones, varios de ellos ejecutados de manera simultánea y sin procesos abiertos de selección.
Valencia señaló que el nuevo contrato permitiría la vinculación de cerca de 2.000 trabajadores adicionales, lo que elevaría la nómina real del Fondo Paralelo por encima de 5.000 personas, frente a una planta oficial de 541 funcionarios. A su juicio, esta diferencia evidencia una desproporción en el manejo administrativo y un crecimiento acelerado de la burocracia financiada con recursos públicos.
La candidata afirmó que, con este tipo de contrataciones, el Ministerio de la Igualdad estaría ampliando de forma indirecta su planta de personal, dejando sin efecto los controles propios de la carrera administrativa y los mecanismos de meritocracia. En ese sentido, sostuvo que el modelo utilizado compromete la transparencia en la contratación estatal y dificulta el control efectivo del gasto.
Finalmente, Paloma Valencia hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que adelante una investigación sobre estos hechos y evalúe la legalidad y pertinencia de los contratos suscritos. La aspirante presidencial calificó el caso como un ejemplo de burocracia sin resultados y reiteró que los recursos comprometidos pertenecen al erario, por lo que deben ser objeto de vigilancia estricta y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
