El sistema de salud colombiano, históricamente reconocido en la región por sus altos niveles de cobertura y protección financiera al usuario, enfrenta una de sus crisis más agudas en décadas. Un reciente análisis publicado por la prestigiosa revista científica British Medical Journal (BMJ) señala directamente a las reformas y estrategias políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro como los principales catalizadores de este deterioro, advirtiendo que la situación ha puesto en riesgo la vida de millones de pacientes.
El reporte, titulado «Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia», describe un panorama alarmante caracterizado por la escasez de medicamentos esenciales, el cierre de servicios hospitalarios y un aumento en las barreras de acceso. Según el análisis, aunque el modelo anterior no era perfecto, hasta 2022 lograba una cobertura del 99% de la población y mantenía uno de los gastos de bolsillo más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), logros que hoy se ven amenazados por la incertidumbre institucional.
El artículo, firmado por el periodista Luke Taylor, sugiere que la crisis actual no es meramente circunstancial, sino resultado de una estrategia deliberada de «asfixia financiera» hacia las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Expertos y académicos consultados por el medio británico argumentan que el Ejecutivo ha optado por desfinanciar el sistema actual, negando ajustes necesarios en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para forzar una transición hacia un modelo estatizado, incluso sin contar con la aprobación legislativa completa de sus reformas.
Las consecuencias de estas maniobras políticas se sienten en las salas de urgencias y farmacias del país. El BMJ destaca que la intervención estatal en grandes aseguradoras como Sanitas y Nueva EPS no ha resuelto los problemas de flujo de recursos, sino que ha exacerbado las demoras en la atención y la interrupción de tratamientos críticos para enfermedades crónicas. La publicación advierte que la ideología ha primado sobre la evidencia técnica, desmantelando una estructura de aseguramiento mixto que, pese a sus fallas, funcionaba como un referente de eficiencia en Latinoamérica.
El informe concluye con una severa advertencia para la región: el caso colombiano ilustra los peligros de someter sistemas de salud complejos a vaivenes políticos radicales sin una planificación técnica adecuada. Mientras el gobierno defiende sus acciones como pasos necesarios para recuperar la administración pública de los recursos, la comunidad médica internacional observa con preocupación cómo el colapso operativo se traduce en un riesgo vital e inmediato para los ciudadanos más vulnerables.
