El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha expedido la resolución que formaliza la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido comúnmente como el Clan del Golfo. La medida administrativa establece que estas zonas especiales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, abarcando áreas rurales específicas en los departamentos de Chocó y Córdoba.
Según el documento oficial, los puntos delimitados para la concentración de los miembros de esta estructura armada ilegal se localizarán en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá, en el Chocó, así como en Tierralta, Córdoba. La decisión busca facilitar el tránsito a la legalidad de la organización, que ha sido catalogada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos y es considerada el mayor cartel de narcotráfico del país, en el marco de la política de Paz Total.
La resolución ordena la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, exclusivamente dentro de los perímetros definidos para las ZUT. Esta disposición tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica necesaria para que los combatientes se agrupen y avancen en el proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil, bajo el compromiso de cesar todas las actividades delictivas.
Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y evitar que estos territorios se conviertan en refugios para la criminalidad, el Gobierno ha designado a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) como el organismo encargado del monitoreo y verificación permanente. Las autoridades civiles y militares mantendrán su jurisdicción en la región, aunque operarán bajo protocolos coordinados para no afectar el funcionamiento de las zonas de ubicación.
La medida ha generado reacciones inmediatas en sectores de la oposición y analistas de seguridad, quienes advierten sobre los riesgos de otorgar concesiones territoriales extensas a un grupo con alto poder de fuego y control social. A pesar de las críticas, la Casa de Nariño defiende la estrategia como un paso indispensable para desescalar la violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto y avanzar hacia un acuerdo definitivo antes de finalizar el actual mandato presidencial.
